El viernes, la Policía se enfrentó a un grupo de indígenas que desde hacía varios días habían cortado una carretera al norte de Perú para exigir al Gobierno la derogación de algunas leyes que, tal y como denuncian, vulneran sus derechos territoriales. Según el balance provisional, desde ese día han fallecido, al menos, una treintena de indígenas y una veintena de policías.

Ayer, durante una confusa operación militar, murieron 9 de los 22 policías que permanecían retenidos por un grupo de indígenas en la estación 6 que tiene la petrolera estatal Petroperú en Imazita. El primer ministro, Yehude Simon, acusó a los indígenas de matar a los agentes a «sangre fría».

Organizaciones indígenas, sin embargo, responsabilizaron al Gobierno de la «masacre» de indígenas. La presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, Victoria Tauli, expresó su «indignación y profundo pesar por las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas en la región amazónica, que ha derivado en la pérdida de vidas, desapariciones y lesiones graves».

Tauli exigió al Gobierno de Alan García «poner fin de inmediato a todos los actos de violencia contra las comunidades y organizaciones indígenas».

La vicepresidenta de este organismo, Elisa Canqui, también manifestó su «consternación ante esta nueva acción del Gobierno» y calificó lo ocurrido de «masacre».

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas , que aglutina a los indígenas de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, convocó a las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organismos de derechos humanos de todo el mundo a tomar acciones concretas para denunciar lo ocurrido en la amazonía peruana.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unda de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Avalos, tildó de «asesino» al presidente peruano. «Primero se arrodilla ante Estados Unidos, ahora asesina a su gente. Tiene que responder por este genocidio», resaltó.

En entrevista a Telesur, el presidente de la Asociación de Comunidades Nativas de la Amazonia, Alberto Pizango -contra el que se ha dictado una orden de detención-, denunció el uso de «armas de guerra como si fuéramos delincuentes. Nos habíamos desplazado pacíficamente durante 45 días y no esperábamos esta reacción y mucho menos este ataque».