Miércoles 4 de junio de 2009: La 39ª Asamblea General de la OEA, reunida en Honduras, deja sin efecto la expulsión de Cuba adoptada en 1962. La decisión pone punto y final al histórico intento de EEUU de aislar a la Revolución. Cuba continúa con su proceso social pese a seguir sometida a graves problemas internos. La mayoría de países de América Latina, sin embargo, vive un momento político radicalmente distinto al de hace cuatro décadas.

Éste es el contexto en el que hay que situar la resolución adoptada en Honduras, en la «batalla de Honduras» como ya es conocida una cumbre que ha estado marcada por muchos matices y una intensa «actividad de pasillos». Los grandes cambios sociopolíticos vividos en la región en este nuevo siglo han ido propiciando, progresivamente, una manifiesta reducción del peso hegemónico de EEUU en este área del planeta. La necesidad de su Departamento de Estado de articular nuevos elementos de control, formales e informales, choca abiertamente con una realidad en la que buena parte de los gobiernos latinoamericanos, desde distintos parámetros, ritmos y lecturas geoestratégicas, plantean un mismo denominador común: limitar el papel estadounidense en el control socioeconómico del continente y negar el doctrinario neoliberal como supuesto «mecanismo de ajuste» de las economías locales. Mera cuestión de empirismo aplicado.

Un símbolo de soberanía. La relación Cuba-EEUU se ha convertido a lo largo de estos años, a fuerza de una reiterada política prepotente e imperial desarrollada desde Washington, en algo más que un «contencioso bilateral». La Revolución iniciada en 1959 ha sido elevada a la categoría de símbolo de independencia y soberanía continental o, lo que es lo mismo, una realidad que ha derivado en un verdadero problema de fondo para la Administración de Barack Obama.

La limitada política de «cambios» en las relaciones EEUU-Cuba auspiciada hasta ahora por el nuevo Gobierno estadounidense, muestra claramente la voluntad de un «reajuste» en el tratamiento de la cuestión, pero en ningún caso el anunciado «más allá» con respecto a la política desarrollada por otros presidentes demócratas. Es significativo, en este sentido, que el propio ex mandatario Jimmy Carter califique como «menos osadas de lo esperado» las medidas anunciadas hasta el momento por Obama, muy lejos objetivamente de los acuerdos de la época de distensión favorecidos por el propio Carter durante su período presidencial (1976-1980).

¿Cuáles son, entonces, las verdaderas intenciones del nuevo Gobierno de Washington hacia Cuba? La sospecha es latente y tiene elementos objetivos para huir de cualquier optimismo: paralelamente a las «tibias» medidas anunciadas (liberalización de remesas económicas familiares, eliminación de algunas limitaciones en los viajes familiares a la isla e inicio de contactos directos sobre emigración y relación postal), la Administración Obama ha confirmado la continuidad para este año fiscal de la financiación gubernamental a las denominadas Radio Martí y Tele Martí, por un monto cercano a los 36 millones de dólares. Es decir, subvención pública y directa a los colectivos más intransigentes de la ultraderecha cubana en Miami.

Por otra parte, el pasado 7 de mayo se hacía pública la imposición de una multa de 110.000 dólares a la petrolera tejana Varel Holding por el «consumado delito» de exportar tecnología de prospección a la isla. Y cerrando el círculo no podemos pasar por alto la permanentemente beligerante actitud de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, respecto al Gobierno cubano, actitud que no pasa en absoluto desapercibida en La Habana y que, sin duda, no favorece, precisamente, el acercamiento de posturas. La posición mantenida por la delegación de EEUU en la última reunión de la OEA, encabezada por la propia Clinton, viene a confirmar tristemente un punto y seguido en la larga tradición de prepotencia y falta de respeto a la soberanía de los pueblos. La historia lo demuestra.

La expulsión de 1962. Desde prácticamente los primeros días del triunfo revolucionario, EEUU puso en marcha una política de subversión articulada en diversos ámbitos: acciones paramilitares, atentados, sabotajes, campañas de descrédito internacional, intensa ofensiva diplomática... La inesperada derrota de la invasión mercenaria de Playa Girón acelera la necesidad de nuevas medidas de aislamiento.

El 30 de enero de 1962 en la localidad uruguaya de Punta del Este y durante la 8ª Reunión de Consulta de la OEA (Organización de Estados Americanos, organización supraestatal americana constituida como foro político y de toma de decisiones continentales, con sede central en Washington), se aprueba la expulsión de Cuba como país miembro con catorce votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. Un éxito de la diplomacia estadounidense con la com- plicidad de la mayoría de los ultraconservadores gobiernos latinoamericanos de entonces.

A los tres días, el 3 de febrero, el presidente John F. Kennedy decretó oficialmente el bloqueo comercial contra Cuba, prohibiendo la importación de cualquier producto proveniente de la isla y las exportaciones estadounidenses hacia ella, violando así los principios establecidos en la Carta de la ONU que impide expresamente la puesta en marcha de cualquier tipo de medida de coerción económica entre los estados miembros. Un bloqueo que sigue en vigor después de haber ocasionado en estas cuatro décadas daños sustanciales a la economía del Gobierno cubano y a las condicio- nes de vida de la población.

Mientras tanto, la OEA ha desarrollado en estos años una política seguidista de los designios de las administraciones estadounidenses con respecto a la región, aunque su papel e influencia ha ido mermando progresivamente ante la aparición de otras instituciones supraestatales como la Unión de Naciones Sudamericanas, el Grupo de Río o el ALBA y, en el ámbito económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o el Mercosur.

La resolución de la OEA. EEUU y Canadá han mantenido a lo largo de esta última reunión de la OEA una intensa actividad tratando de impedir la aprobación de la resolución favorable a la reintegración de Cuba. Sus únicos aliados incondicionales en el nuevo tablero continental han sido, una vez más, Perú y Colombia. Pero el intento de proponer una moción alternativa sustentada en los siempre reiterados tópicos de la democracia y los derechos humanos entendidos unilateralmente, ha fracasado.

Tampoco ha sido aprobada la avanzada propuesta de los países integrantes del ALBA (Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica y próxima- mente Ecuador) tendente a incluir una petición expresa de disculpas al Gobierno cubano por la larga injusticia cometida. Finalmente, el juego de las mayorías ha posibilitado la aprobación de la mención señalada, a instancias de México, Brasil, Argentina y Chile, los países con más peso económico, político y demográfico en la región.

Con todo, no deja de ser curioso que esta decisión de la OEA se adopte a pesar de las reiteradas declaraciones del Gobierno Revolucionario en el sentido no ya de no tener ninguna intención de integrarse en este foro, sino de pedir la disolución de este «Ministerio de Colonias de EEUU», término con el que ya en 1962 el canciller cubano, Raúl Roa García, designó a este organismo en el momento de su expulsión.

Lo acontecido en Honduras esta semana vuelve a certificar, paralelamente, lo ya señalado en análisis anteriores: en el momento actual, la posición internacional del Gobierno cubano y de la Revolución está muy fortalecida. Y a ello contribuye no sólo el proceso de cambios vivido en América latina en los últimos años, sino también la reiterada e intransigente posición de defensa de su independencia y sus principios, articulada mediante un muy activo y efectivo sistema de relaciones internacionales.

Fortaleza exterior, ¿debilidad interna? La resolución de la OEA ha sido considerada por el Gobierno como una «gran victoria latinoamericana» reiterando, al mismo tiempo, su negativa a reingresar en ese orga- nismo. Hay otras prioridades y necesidades urgentes. Más allá de miradas hacia afuera, los problemas se ubican una vez más en claves domésticas: la crisis económica ha llegado sin aviso previo y las explicaciones en los medios de comunicación distan, en muchos casos, de ser convincentes. Mientras, el «ahorro energético» se ha convertido en una nueva palabra de orden, nadie responde a una inquietud generalizada entre la población: la reducción o subida de los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿beneficia o perjudica a la economía cubana? Una cuestión lógica si se tiene en cuenta que aproximadamente la mitad de los poco más de 100.000 barriles diarios que recibe Cuba desde Venezuela a precios preferenciales mediante el acuerdo conocido como Petrocaribe (y que también beneficia a otros países del área), se destinan a la reexportación...

Mientras es espera la respuesta al enigma lo que sí resulta ya una evidencia es que la economía nacional atraviesa un momento de suma gravedad: la práctica suspensión de pagos a muchos suministradores y empresas extranjeras acreditadas en el país, mediante la retención de transferencias bancarias al exterior, es todo un síntoma de la situación. También el hecho de que el precio internacional del níquel esté a la baja, en una isla que posee la segunda reserva mundial conocida de este mineral y de cobalto. Lo mismo ocurre con el turismo, en pleno reflujo por la crisis mundial.

Se trata, no lo olvidemos, de los valores que junto a las remesas familiares representan los principales ingresos económicos de la isla. Problemas a los que se suman el próximo vencimiento de una importante línea crediticia con China o los pagos por suministros de arroz a Vietnam, producto básico en la dieta familiar del cual Cuba importa actualmente más del 60% de su consumo.

Esta tensa situación en clave financiera tiene claras consecuencias sociales en referentes cotidianos como la energía o la alimentación. El verano está ahí y, una vez más, parece lógico pensar que las medidas de reestructuración económica y las políticas sociales deberían acelerarse para evitar inesperados aumentos de temperatura. Porque, finalmente, el verdadero futuro de este proceso que sigue generando tantas solidaridades fuera de sus fronteras está en los centros políticos y en los hombres y mujeres de este país y no en Washington o en Tegucigalpa.