El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dicho lo que era previsible: la central nuclear de Santa María de Garoña reúne garantías técnicas suficientes para continuar funcionando 10 años más. Se ha querido dar a su informe la imagen de un documento técnico, caracterizado por su asepsia, imparcialidad e independencia. Pero los consejeros que los han aprobado por unanimidad son consejeros de designación política, sin exigencias de capacitación técnica, con opiniones públicas pronucleares y (en algunos casos) directamente vinculados al sector nuclear.

Los cinco consejeros son nombrados por el Gobierno reflejando el equilibrio político parlamentario: dos del PSOE, dos del PP y uno de CiU. No hay exigencias de formación o experiencia en seguridad nuclear: su presidenta es médica-ginecóloga y su vicepresidente, ex ministro de UCD, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas. Otros tienen una formación técnica estrechamente vinculada al sector nuclear. Uno es miembro de la Sociedad Nuclear Española, que reiteradamente ha pedido construir nuevas centrales nucleares. Otro presidió Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y antes trabajó muchos años en Endesa (propietaria del 50% de Garoña), donde acabó como Director de Proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas. Pero aquí no hay incompatibilidades. Nadie les niega capacidad de opinar e informar, pero es difícil llamar opinión técnica e independiente a lo que digan.

Otras mentiras e intoxicaciones del sector nuclear

No ha sido ésta la única distorsión que algunos han intentado transmitir estos días. El sector eléctrico ha dejado entrever que el cierre podría afectar al suministro eléctrico, ocultando que Garoña apenas supone el 0,6% de la potencia eléctrica instalada en el Estado español y en 2007 y 2008 no llegó al 1,5% de la producción eléctrica. El cierre de Garoña (y otras centrales nucleares) no tendría repercusión en el suministro ni causaría ningún riesgo de desabastecimiento. Tampoco aumentaría la inexistente dependencia de las nucleares francesas. Un ejemplo: el pasado mes de mayo había cuatro nucleares paradas y el Estado español seguía exportando electricidad a Portugal y Marruecos. Un dato: en 2008 el sistema eléctrico español exportó 11.221 GWh, tres veces más que la producción media de Garoña en los tres últimos años.

Se ha dicho que subiría la tarifa eléctrica un 10% con el cierre de Garoña, cuando saben que con el actual sistema de fijación de precios el consumidor apenas notaría variación alguna. Y saben mejor que nadie que el próximo mes de julio habrá una importante subida de la electricidad, pero para contener el actual déficit tarifario. Y no se han dicho los enormes beneficios de Garoña para sus propietarios, teniendo en cuenta que la central está amortizada desde hace muchos años y los únicos costes son combustible (uranio enriquecido), mano de obra y mantenimiento. Incluidos los irrisorios 50 millones de euros en que se han evaluado las inversiones derivadas del informe del CSN y que Nuclenor tenía ya previstos anteriormente.

El informe del CSN ni es suficiente ni es la última palabra. No aporta muchas novedades. Algunos de los requerimientos estaban ya en el primer informe tras la solicitud de esta prórroga el año 2006. Nuclenor ya había avanzado que no los cumpliría para 2009 y ha prometido que se realizarán en las paradas de recarga de combustible de 2011 (cambiar el sistema de ventilación del edificio de contención, donde se encuentra el reactor) y 2013 (cambiar las decenas de kilómetros de cable que supone el «programa de gestión del envejecimiento»). Mientras tanto, recientemente ha cargado uranio para funcionar hasta 2011. Lo que ha hecho el CSN es aceptar esa «prórroga de hecho» y dar por válidas las promesas.

Tampoco el CSN ha tomado en consideración el grave estado de agrietamiento múltiple por corrosión intergranular, que afecta a elementos de la vasija del reactor y otros del circuito primario. Se ha limitado a recomendar su seguimiento o vigilancia.

Ahora Zapatero debe tomar la decisión política última. El informe del CSN no es vinculante y ahora el Gobierno tiene en su mano la decisión de cerrar Garoña ya, denegando la prórroga de 10 años. Para ello debe valorar los factores indicados y otros: ambientales, sociales, económicos y de política energética. Y una vez oídos a sus «asesores políticos del CSN», escuchar otras voces, incluidas algunas de su propio partido y los ecos de sus promesas electorales: «Mantendremos nuestro compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías más seguras, más limpias y menos costosas, que se llevará a cabo de forma ordenada en el tiempo» (programa electoral del PSOE, elecciones generales 2004 y 2008).

En estos cinco años la producción de Garoña (y algunas nucleares más) ha sido sobradamente sustituida por el incremento de energía eólica y solar, sin contar la instalación de nuevas térmicas de ciclo combinado. Solamente en 2007 la producción de electricidad renovable se incrementó el doble de la producción de Garoña. Por lo tanto, están cumplidas las condiciones, falta cumplir la palabra dada.

Garoña es la única central de primera generación que queda en funcionamiento: Vandellós 1 cerró en 1989 por accidente y Zorita en 2006 por una decisión política adoptada en 2002. Para el año 2007 se habían cerrado en el mundo 117 reactores y su edad media había sido de 22 años.

No vale tampoco tirar por el camino de en medio, prorrogar su vida dos años más hasta cumplir los 40 años de la llamada «vida útil» y repensarlo entonces. Garoña es vieja ya, es innecesaria y está amortizada económicamente, está obsoleta técnicamente y es un riesgo inasumible. Y nos deja una herencia de residuos radiactivos para miles de años. Para Zapatero éste debe ser el momento. Para la sociedad también: hay que hacer un último esfuerzo para recordárselo públicamente. Nos jugamos mucho: la salud y el medio ambiente, la tranquilidad y la vida.