Pasados treinta años desde los acontecimientos de julio de 1978, siguen pendientes muchos temas. Las diversas instancias judiciales del Estado Español no han querido determi- nar la responsabilidad de ningún agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ni de sus mandos gubernativos ni políticos, en aquellos sucesos. La injusticia no sólo se extiende al ámbito judicial, tampoco han sido depuradas las responsabilidades políticas, ni tan siquiera se han esclarecido las implicaciones de los diversos estamentos estatales. El silencio oficial ampara a los autores de la masacre y a los responsables políticos. Este silencio supone un agravio continuado a todas las víctimas de aquellos hechos y niega el derecho a que impere la verdad.

Resulta, por tanto, de justicia, el que de una vez por todas se produzca el reconocimiento oficial de los hechos para que la Historia recoja la verdad de lo ocurrido en julio de 1978. Para que de esa verdad histórica se puedan derivar y depurar todas y cada una de las responsabilidades por aquella barbarie. No debemos renunciar a que se haga justicia para garantizar, de este modo, que en el futuro las nuevas generaciones no reciban el olvido y las falsas versiones, sino toda la verdad sobre lo acontecido.

Durante estos treinta años ha sido el movimiento popular y social quien ha venido manteniendo vivo el recuerdo y las exigencias de verdad, justicia y reparación, concretadas en la persistencia de la estela en la Avenida Roncesvalles, la conmemoración de cada 8 de julio y los diversos aniversarios celebrados. Ahora es el momento de que las instituciones, que hasta ahora han permanecido en silencio, se sumen a este esfuerzo. Y en este sentido nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo, al Parlamento Navarro, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y al Ayuntamiento de Iruñea-Pamplona.

Siguiendo los precedentes de instituciones como el Parlamento Vasco en relación con las víctimas del 3 de marzo de 1976, o del Parlamento Andaluz respecto al asesinato de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977, resulta necesario que una institución como el Ayuntamiento de Iruñea-Pamplona ponga en pie una Comisión de la Verdad sobre los sanfermines de 1978. Sería objeto de esta Comisión el establecer los hechos acaecidos en la mencionada fecha; su origen, desarrollo y consecuencias, la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los diversos estamentos del poder (gubernativo, legislativo, judicial, policial, prensa...etc), las consecuencias y tratamiento de aquellos hechos así como la reivindicación de la verdad que desde aquel 8 de julio se mantiene como un pulso frente a la injusticia y el silencio.

Igualmente, esta Comisión debería proceder a una labor de recopilación de documentación e información sobre los hechos, así como, y de manera especial, recabar el mayor número posible de testimonios de los hombres y mujeres que fueron objeto de la actuación policial o testigos de la misma. Utilizando, para ello, los diversos estudios e informes elaborados, así como el material escrito y audiovisual existente, en especial por parte de los medios de comunicación y organismos sociales. Debería disponer de toda la información y documentación que las peñas de Iruñea han recopilado durante estos treinta años, así como el testimonio de sus miembros.

La Comisión debería ampliar al máximo la aportación de los diversos agentes sociales, sindicales y políticos que así lo quieran, de la misma forma que de las ciudadanas y ciudadanos que fueron protagonistas y testigos de aquellas trágicas jornadas, o que han luchado durante estos largos años por el esclarecimiento de los hechos y la reivindicación de la justicia por lo ocurrido. La Comisión podría encargar la emisión de informes y estudios a entidades profesionales de historiadores, abogados, sociólogos..., al objeto de avanzar en la consecución de sus objetivos. El resultado final debería agregarse a los archivos municipales, y sus conclusiones remitidas a cuantas instituciones y estamentos estatales e internacionales se considere oportuno.

En este sentido la Iniciativa Sanfermines 78: Gogoan! ha presentado recientemente una moción en el Ayuntamiento de Iruñea-Pamplona, para que la corporación pueda pronunciarse, esperemos en sentido positivo y de esta manera, ir saldando la deuda que por silencio tienen y avanzar, conjuntamente con la ciudadanía, en la consecución de las reivindicaciones de «verdad, justicia y reparación».