Arantxa MANTEROLA

Toda desaparición inexplicable genera preocupación y zozobra entre los allegados de la persona ausente. Si esa persona es, como en el caso de Anza, ex-preso, refugiado, y militante de ETA, la angustia se extiende, además, a un gran sector de Euskal Herria, sobre todo si los escasos datos de los que se dispone apuntan a un posible rebrote de la guerra sucia; algo que resucita en la memoria colectiva del país una de las épocas más negras de los últimos años.

Lo que hace cada vez más plausible esta versión es, precisamente, la falta de datos y, por supuesto, el comunicado que a los pocos días de que su familia denunciara la desaparición del donostiarra hizo público la organización armada ETA, manifestando que Anza nunca acudió a la cita que había convenido el día de su desaparición en Toulousse.

En un principio, la particular situación del militante, que sufre de una grave enfermedad, bien pudiera hacer barajar otras posibilidades; opciones, que ya fueron exploradas por la propia familia de Anza antes de poner en conocimiento público y de la Fiscalía labortana su desaparición, el 15 de mayo, para que activase los dispositivos de búsqueda. Según afirmó la fiscal de Baiona, Anne Kayanakis, la investigación arrancó tres días más tarde, el día 18.

Al día siguiente, 19 de mayo, ETA responsabilizaba a los gobiernos español y francés de la desaparición de Jon Anza, y daba a conocer que desde principios de año, las fuerzas policiales conocían su ligazón con la organización «porque habían encontrado sus huellas dactilares sobre el material informático descubierto en un zulo», cuyo responsable era el propio Anza. Un día después, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificaba como «patraña» la acusación. Las autoridades francesas ni se pronunciaron al respecto.

La hipótesis de un posible secuestro

Así, la izquierda abertzale y el movimiento pro-amnistía comparecían el 22 de mayo en Baiona y manifestaban que «la hipótesis más creíble» era que se trataba de un «secuestro». Interpelaron a partidos y agentes sociales a «denunciarlo» y a «exigir» a París y a Madrid el esclarecimiento de lo ocurrido.

Familia y amigos no se quedaron con los brazos cruzados y organizaron por su cuenta iniciativas para hurgar en otros ámbitos a los que no llega la investigación policial. Así, el 23 de mayo, varias brigadas populares reconstruyeron el recorrido que tenía previsto realizar Anza aquél 18 de abril.

Uno de los grupos tomó el mismo tren, el de Baiona-Toulouse de las 7 de la mañana, y durante el trayecto mostraron el retrato de Anza a decenas de viajeros que subían al mismo, en especial a los habituales. Colocaron impresos con su fotografía y un número de teléfono -el 0626847926- en la estación occitana y en las calles adyacentes. Mientras, medio centenar de personas se repartían en brigadas y hacían lo propio en todas las estaciones existentes en el trayecto, así como en sus alrededores.

Aquel mismo día una manifestación exigío en las calles de Hendaia «respuestas concretas» a Sarkozy y a Rodríguez Zapatero sobre el paradero del militante. Desde entonces, las movilizaciones han ido sucediéndose; eso sí, con un marcaje cada vez más directo a la responsabilidad de los estados español y francés en la desaparición. Sus convecinos de Intxaurrondo organizaron varias durante la última semana de mayo. El día 30, cientos de personas se concentraron en Biarritz ante un acto electoral de la UMP y tres participantes resultaron heridos a causa de las cargas policiales.

Un cadáver en el Errobi

El 1 de junio la noticia de la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en el río Errobi, entre Bidarrai e Itsasu, hizo pensar que pudiera tratarse del militante desaparecido y todas las alarmas se encendieron. Sin embargo, la Policía Judicial descartaba la misma noche que el cadáver fuese el de Anza. En realidad se trataba de un hombre más jóven, vecino de Baiona.

Durante toda la campaña de las elecciones europeas la denuncia de la desaparición ha sido constante, en particular en los actos y comparecencias públicas de II-SP y EHA. La movilización ha ido extendiéndose también a las cárceles, tanto del Estado español como del francés. Los presos políticos vascos recluídos en la de Osny realizaron un ayuno de una semana a finales de mayo y enviaron una carta a la ministra francesa del Interior, exigiendo respuestas sobre el paradero de su ex-compañero. En Gradignan, Huelva y Curtis se sucedieron iniciativas similares los siguientes días.

El movimiento pro-amnistía se concentraba el 11 de junio ante los locales de diferentes medios de comunicación con objeto de denunciar la «desinformación» que, en torno al caso de Anza, están manteniendo. De hecho, calificaron de «silencio cómplice» dicha actitud.

El sábado pasado, 13 de junio, en una entrevista a este diario, Koldo Anza, hermano del desaparecido, descartaba «hipótesis como la del accidente, el suicidio u otras». Decía que tras el tiempo transcurrido, «ya no tienen sentido», por lo que, en base al «único argumento del que se dispone -el del comunicado de ETA- se inclinaba por la hipótesis del «posible secuestro» y enmarcaba la desaparición de su hermano Jon en «otra etapa de la guerra sucia contra la izquierda abertzale».

Además, manifestaba no albergar esperanzas de que apareciese con vida. No sólo eso; Koldo Anza no cree tan siquiera ni que se encuentre su cuerpo ni que nadie lo reivindique, como en las épocas del GAL: «Está claro que si han dado este salto cualitativo, ahora será la guerra sucia sin firma», añadía.

Saber qué ha ocurrido

Aún así, afirmaba que el objetivo de la familia es «saber dónde y qué le ha ocurrido». La misma interpelación que miles de personas plasmaron en las calles de Donostia el mismo sábado; unas calles que fueron testigo de la rabia ante lo que denominaron «guerra sucia del siglo XXI» y de la determinación de «no parar hasta conocer el paradero de Anza y qué le ha sucedido».

A preguntas de este diario, Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó el martes que «las FSE no tienen nada que ver» con la desaparición del militante y que «es un problema de ETA». Dejaba entrever que Anza podía haberse fugado con el dinero que, según comunicó la organización armada, portaba el día que desapareció. Apoyaba su particular hipótesis en que «nunca antes ETA ha dado el nombre de un militante suyo, ni dicho que iba a una cita y que llevaba dinero», por lo que deducía que la propia organización también lo busca. Una suposición difícilmente sostenible y que, por supuesto, ni convence ni aporta respuestas a la inquietante interrogante que tras dos meses sigue sobre la mesa: «Non da Jon?».