El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que, dado que se han cerrado en el mundo todas las centrales nucleares de la misma generación que la de Garoña, salvo una en Gran Bretaña, «la excepción es la prórroga» de su actividad. No obstante, Zapatero no concretó si su Ejecutivo decidirá el cierre definitivo de la central nuclear. «Cuando llegamos a una central nuclear con cuatro décadas de vida, la norma ha sido que deje de funcionar, no digo que tenga que ser automáticamente; la excepción, la prórroga. Tenemos que tener todos esos elemento en cuenta para tomar la decisión», comentó.

Recalcó que debe haber las centrales nucleares que sean «imprescindibles, por el tiempo razonable y con la máxima garantía de seguridad».

Zapatero subrayó que la responsabilidad de la decisión sobre Garoña no es del CSN sino del Gobierno y que ésta es una decisión «trascendente», de «envergadura» y que en parte «recoge el futuro que se quiere en términos energéticos». «No se trata de decidir si se prorroga o no cualquier otra actividad económica -incidió-. Es una central nuclear que, además, produce residuos y que, si la prorrogamos seguirá produciendo residuos y tenemos un problema, nosotros y la humanidad todo el mundo, con los residuos nucleares, muy serio».

Señaló que la decisión -que ha de adoptar antes del 5 de julio- consiste en determinar cuándo Garoña pondrá punto y final a su vida útil, y subrayó que la decisión es «importante» y que debe respetar los procedimientos. «En última instancia, el Gobierno asume la responsabilidad o no de decir que una central con más de 40 años, que la gran mayoría de esas centrales en el mundo han cerrado, pueda permanecer», afirmó. Además, Zapatero incidió en que en la decisión ha de pesar también que Garoña «tiene un impacto neutro» en el sistema energético, porque «España exporta tres veces» lo que produce la central, así como «el futuro que queremos como país en términos energéticos».

Mientras tanto, el ministro español de Industria, Miguel Sebastián, insistió en que hasta que se tome la decisión, «desde el Ministerio estamos barajando todas posibilidades», pero que «en ningún caso se cerraría antes de dos años». Si llegara ese caso, se disponen de «dos años para preparar una buena alternativa, tanto de garantía de suministro como de empleo en la zona», agregó.