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Ecologistas denuncian presiones del lobby nuclear para no cerrar Garoña
Los grupos ecologistas de mayor peso en el panorama mundial emitieron ayer un comunicado en el que denuncian «las mentiras y presiones» que la industria nuclear está ejerciendo sobre el Gobierno español para influir en su decisión y evitar así el cierre de la central de Garoña, sobre cuyo futuro debe pronunciarse el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero antes del 5 de julio. Recuerdan que se trata de la central «más obsoleta y peligrosa» del Estado español.![p021_02.jpg p021_02.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_3241/p021_02.jpg)
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Las ONG en defensa del medio ambiente más importantes del mundo -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF- emitieron ayer un comunicado conjunto en el que denuncian «las mentiras y presiones» que está ejerciendo en estos meses el lobby nuclear y la empresa Nuclenor sobre el Gobierno español para tratar de evitar la clausura de la central de Garoña, cuyo futuro debe decidir el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero antes del 5 de julio.
Los firmantes alertan de que las grandes multinacionales de la industria nuclear quieren evitar «a toda costa» el cierre de la central burgalesa, para satisfacer de esa manera sus intereses económicos, explotando una central que presenta «serios riesgos para la población y el medio ambiente». Les acusan de «anteponer el lucro a la seguridad de la población».
En ese sentido, los ecologistas recuerdan que Garoña es la central nuclear «más obsoleta y peligrosa» del Estado español, y frente a quienes afirman que su continuidad es necesaria para garantizar el abastecimiento eléctrico, se reafirman en que el suministro eléctrico «ya está garantizado», dado que la central burgalesa solamente produce el uno por ciento de la electricidad que se consume en todo el Estado español.
En cuanto al argumento que esgrime la industria nuclear al respecto de que la clausura de Garoña supondría el encarecimiento de la factura de la luz, las ONG en defensa del medio ambiente niegan de plano que esto pueda llegar a ocurrir, «pese a las mentiras e intoxicaciones sin fundamento del lobby nuclear». Las organizaciones ecologistas también tuvieron palabras de crítica para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), quien envió al Ejecutivo español un informe favorable para prorrogar la actividad de la central por otros diez años más.
Acusan a este órgano de haber «minimizado» el grave estado de las grietas producidas por la corrosión, que afectan a elementos de la vasija del reactor y del circuito primario, algo que, según aseguran, no ocurre en las centrales nucleares de ningún otro estado. Asimismo, las organizaciones en favor de la defensa del medio ambiente exigen al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que el desmantelamiento de Garoña vaya acompañado de un plan de desarollo alternativo para dinamizar la zona y recolocar a todos los trabajadores de la central.
Mensaje desde La Concha
Por otro lado, miembros del colectivo ecologista Eguzki, de Euskal Herria, también quisieron exigir ayer el cierre de la central burgalesa, y para ello confeccionaron un letrero gigante en la playa de La Concha con el lema «Garoña Ez». Criticaron las últimas declaraciones que ha realizado el presidente español sobre la continuidad o no de Garoña, «sin marcar fechas y condicionando el cierre a su posibilidad fáctica».
Alertaron de que si Rodríguez Zapatero con esa actitud «pretende ganar tiempo aplazando su decisión a 2011, está demostrando que la democracia no ha llegado a los neutrones».
La ambigüedad sobre la continuidad o no de la central nuclear de Garoña está siendo la nota dominante en las declaraciones que vienen realizando los representantes del Ejecutivo español en las últimas semanas. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que «procurará» desmantelar Garoña, reconociendo que el cierre sería «lo normal».
No obstante, según sus palabras, esa clausura no se producirá antes de 2011, año en el que Garoña cumple 40 en años en funcionamiento. Según afirmó el ministro de Industria, la decisión final se conocerá en el Consejo de Ministros de la semana que viene o de la siguiente, ya que deben pronunciarse antes del 5 de julio. GARA