El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, pidió la apertura de una investigación imparcial sobre la represión policial que el 5 de junio dejó un número indeterminado de muertos en la norteña localidad de Bagua, y añadió que a su juicio sí hubo una violación de los derechos humanos, informó Telesur.

«Estoy pidiendo una comisión imparcial para estudiar los hechos y (para que) se consolide el proceso de diálogo (entre el Gobierno y los indígenas amazónicos), declaró Anaya.

También indicó, según recogió Efe, que «como jurista no encuentro pruebas de los elementos de genocidio, del intento de exterminar a un pueblo como tal; hay revelaciones de violaciones de derechos humanos, pero de los hechos comprobados, de los hechos que se ven, incluso de los hechos que se alegan, no existen los elementos de genocidio».

Anaya explicó que en sus tres días de recorrido por Bagua pudo evidenciar que efectivamente las fuerzas policiales vulneraron los derechos humanos de los indígenas.

Anaya resaltó la derogación de dos decretos rechazados por las comunidades indígenas y la reapertura del diálogo entre el Gobierno y los nativos, así como el anuncio de cese del estado de emergencia en la zona de los sucesos, que dejaron un número indeterminado de muertos y decenas de heridos.

Agregó que en este caso aún hay desafíos y planteó la formación de una comisión investigadora imparcial que indague sobre los incidentes de Bagua, la cual debería estar integrada por el Ejecutivo y los indígenas, así como por una institución internacional como garante.

El planteamiento de Anaya se suma a los de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que lideró la lucha amazónica iniciada el 9 de abril, y que propone una investigación a cargo de representantes de la sociedad civil y de observadores internacionales.

Mientras que el Ejecutivo sostiene que en los sucesos de Bagua murieron 24 policías y 10 civiles, el alcalde de Bagua, Luiz Núñez, le presentó el viernes a Anaya un informe donde se denuncia que por el momento 60 indígenas no han regresado a sus comunidades desde el día de la masacre.

El relator recomendó, además. consultar con las comunidades indígenas las decisiones gubernamentales que puedan afectarlas, lo que fue no se hizo en este caso y dio lugar a la protesta.