Honduras se encuentra inmersa en una grave crisis política como consecuencia de la convocatoria para mañana, por parte del presidente, Manuel Zelaya, de una consulta popular sobre la posibilidad de convocar un referendo coincidiendo con las elecciones (presidenciales, legislativas y locales) del 29 de noviem- bre sobre una reforma constitucional que incluiría, entre otra cuestiones, la posibilidad de la reelección presidencial, que la actual Carta Magna prohíbe. El Tribunal Supremo Electoral, el órgano competente, declaró ilegal la consulta, por considerar que viola la Constitución, y las leyes electorales y de organizaciones políticas, y el Parlamento aprobó una ley para impedirla, pero Zelaya reiteró ayer su voluntad de no acatar esas decisiones y mantener la convocatoria.

El Ejército, encargado de la distribución de urnas y papeletas en las elecciones hondureñas, se negó a cumplir ese cometido porque un juez ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse al margen de la organización de la consulta. La crisis se agudizó el miércoles por la noche y el jueves con la destitución del jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez, y la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, y de los jefes del Ejército y de las fuerzas naval y aérea en apoyo a Vásquez. La Corte Suprema ordenó horas después la restitución de Vásquez en su cargo, por considerar ilegal su cese debido a «la intención de inmiscuir a las Fuerzas Armadas en un acto administrativo de naturaleza meramente política».

Este choque de poderes y la movilización de tropas en lugares estratégicos de la capital alimentó los rumores de intento de golpe de Estado, que estuvieron acompañados por la movilización de tropas en la capital, pero el propio Zelaya aseguró que ese intento había sido «conjurado» por medios pacíficos, aunque la situación en el país seguía siendo confusa.

Rescate de urnas y papeletas

Acompañado de varias decenas de seguidores, el propio Zelaya entró en la sede de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa para recoger las urnas y papeletas destinadas a la consulta de mañana y proceder a su distribución.

Mientras tanto, los legisladores de la oposición se encuentran preparando un proceso para lograr la destitución del presidente declarándolo «incompetente» para ejercer sus funciones y así proceder a su inhabilitación, pues aseguran que ha «violado» las leyes del país con sus últimas decisiones. La comisión parlamentaria encargada de hacer el informe ha pedido más tiempo para investigar las acciones de Zelaya, de quien afirman que «ha menoscabado el estado de derecho al desafiar a los órganos jurisdiccionales al no acatar las resoluciones y fallos dictados».

Zelaya, que cumple su mandato presidencial el 27 de enero de 2010, es un terrateniente que llegó al poder impulsado por el conservador Partido Liberal, pero dio un giro a la izquierda en sus políticas sociales y en las relaciones exteriores del Gobierno, al sumarse al ALBA. Su consulta popular es apoyada por sindicatos, campesinos, indígenas y organizaciones estudiantiles que habían sido muy críticos con los gobiernos civiles surgidos después de varios años de administraciones militares, aliadas de EEUU en la guerra contra los sandinistas en los años 80.