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Estrasburgo avala las ilegalizaciones

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la aplicación de la Ley de Partidos realizada por el Estado español contra Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, Herritarren Zerrenda y varias candidaturas. Si bien, dado que se trata de una ley ad hoc para ilegalizar a esas formaciones políticas, era de esperar que Estrasburgo no encontrase defectos de forma o de fundamentos jurídicos en este caso. Otra cosa es que esa misma Corte asuma también la lectura expansiva que se ha hecho de esa ley una vez que, precisamente tras estas ilegalizaciones, la izquierda abertzale renueva su apuesta por las vías democráticas y pacíficas y rechaza sumarse a la lucha clandestina. Conceptos como la «contaminación» deberían resultar excesivos incluso para este tribunal.

Los términos de la sentencia, que liquida las cuestiones jurídicas de manera somera y que, por el contrario, se extiende en hechos y valoraciones históricas ajenas a la causa, resultan asombrosos al tratarse de un tribunal que debe velar por los derechos humanos a nivel europeo. Era de esperar que el Tribunal asumiese la jurisdicción estatal y que basase esa postura en la Constitución española y en su condición de estado de derecho. Pero sorprende que dé rango poco menos que de ley a la «lista negra» europea, ampliamente criticada por diversos juristas.

Estas sentencias cierran espacios a la resolución del conflicto y abren la puerta a más y mayores vulneraciones de derechos civiles, políticos y humanos. Legitima la segregación ideológica tanto de esas formaciones como de sus votantes, en lo que supone una forma encubierta de apartheid político que además tiene una peligrosa vertiente étnica al aplicarse sólo a organizaciones vascas. Supone una victoria diplomática y alienta a los securócratas que hoy en día dirigen lo que ellos llaman la «lucha antiterrorista». Dicho lo cual, también conviene resaltar que la sentencia no cambia en lo esencial los parámetros del conflicto. Pero quizá no sea eso lo que se busca, sino alterar los parámetros de la resolución del mismo. Urge que las personas preocupadas por la democracia y las fuerzas soberanistas reflexionen al respecto y actúen en consecuencia.

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