La división que se reflejó en el Parlamento (Althing) también afectó al Gobierno islandés, ya que el ministro de Agricultura y Pesca, Jon Bjarnason, votó en contra de la solicitud de iniciar las negaciones de adhesión que defiende la primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdadóttir.

La aplicación de cuotas europeas a la pesca es el principal obstáculo para la entrada de Islandia en el club de los 27, puesto que Reykjavik ya aplica una parte importante de la reglamentación surgida de Bruselas debido a su pertenencia el Espacio Económico Europeo.

El Espacio Económico Europeo se creó en enero de 1994 mediante un acuerdo entre la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Su creación permitió a los países de la AELC participar en el mercado europeo sin tener que adherirse a la UE. En la práctica, supone que Islandia, Noruega y Liechtenstein se benefician de la libre circulación de mercancías, personas y servicios. A cambio, se comprometen a adoptar la normativa de la UE, pero sin asumir las normas financieras de los 27.

Tras esta ajustada votación en la Cámara de Reykjavik, Islandia podrá iniciar las negociaciones para adherirse a la Unión Europea. Posteriormente, según ha manifestado el Gobierno de Sigurdadóttir, los islandeses serán consultados en un referéndum.

El Gobierno islandés, formado el 10 de mayo pasado, anunció nada más tomar posesión su intención de iniciar el proceso de integración en la UE.

El ministro de Asuntos Exteriores, Ossur Skarphendisson, presentó el 28 de mayo en el Parlamento un proyecto de ley para iniciar el proceso de adhesión a la UE. Para asegurarse una mayoría favorable a favor de esta iniciativa en la Cámara, el Gobierno prometió que celebraría un referéndum para ratificar o rechazar todo el proceso.

Esta cuestión, en cualquier caso, levanta ampollas en el seno del Gobierno. Mientras que el partido socialdemócrata Samfylkingin (Alianza) de Sigurdadóttir es el principal defensor de la integración en la UE, su aliado ecosocialista Vinstrihrefingin-Graent Frambod (Movimiento Izquierda-Verdes) se opone a ella.

Sin embargo, en la votación de ayer se manifestaron a favor de iniciar el proceso de negociaciones. Todo ello, después de proclamar en el debate parlamentario que consideraban que los intereses de Islandia se defendían mejor desde fuera de la UE. En este sentido, destacaron que el pueblo islandés seguirá teniendo la última palabra en el referéndum que culminará el proceso.

Para poder comprender este embrollo, hay que remitirse a la recientemente convulsionada vida política islandesa. En enero de este año, la habitualmente bucólico isla se vio sacudida por la quiebra de los principales bancos, afectados por la crisis mundial.

El efecto político de esta quiebra fue la dimisión y posterior derrota del liberal y euroescéptico Sjálfstaedisflokkurinn (Partido de la Independencia), formado en 1929 tras la fusión del Partido Conservador y el Partido Liberal y que había gobernado la isla desde entonces, tanto durante el periodo de protectorado danés como tras la independencia lograda en 1944. Su programa defendía la integración de Islandia en la OTAN, pero rechazaba firmemente la pertenencia a la UE.