LAB pedirá a la Fiscalía que estudie si hubo prevaricación en el «caso Bravo»
LAB recordó ayer que presentó documentos «demostrando las implicaciones de Víctor Bravo y Rufino Eizagirre» a la comisión de investigación en las Juntas Generales sobre el fraude en la Hacienda de Irun, y denunció que en un año la Diputación «no ha hecho nada». Ahora que la Fiscalía ha encausado a seis personas, solicitará que ésta investigue la posible prevaricación de los actuales responsables.
Amaia ZURUTUZA |
Un año ha trascurrido desde que LAB iniciara un proceso administrativo y se personara como acusación tras destaparse el fraude cometido en la Hacienda gipuzcoana. «Lamentablemente tras un año lo único que tenemos es la callada como respuesta», señaló ayer Txomin Lorca, responsable de intervención en la federación de servicios públicos del sindicato.
Tras la reciente actuación de la Fiscalía de Gipuzkoa, que ha encausado a Víctor Bravo, ex director de la Hacienda guipuzcoana, Rufino Eizagirre, socio de Bravo y jefe de la oficina técnica del gabinete del entonces diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, y otras cuatro personas por su presunta participación en cinco delitos contra la Hacienda pública, la central abertzale ha pedido una reunión con la Fiscalía para aportar los datos de los que dispone y, a su vez, para pedirle que investigue la posible prevaricación de los actuales responsables de la Diputación, que «conocían los hechos y no han actuado».
«Que se destape toda la trama»
Joxean Urkiola, miembro de la comisión sobre el fraude del sindicato, afirmó que LAB «quiere que se llegue hasta el final en este tema, se destape toda la trama, que paguen todos los responsables y se devuelva el dinero a la sociedad».
Según explicó Lorca, tres fueron las razones fundamentales por las que esta central inició el proceso administrativo hace un año. Por una parte, porque estimaban que había existido un incumplimiento de la ley de incompatibilidades, ya que «había personas que tenían un cargo de responsabilidad en la Diputación y que, al mismo tiempo, tenían incidencia o responsabilidad en empresas privadas». Por otra parte, «porque alguien había permitido que esto fuera así», por lo que «no sólo aquellas personas que incumplían la ley de incompatibilidades, sino también aquellas personas que lo estaban permitiendo, tenían una responsabilidad».
Y la tercera razón, el hecho de que de los directamente afectados, Bravo y Eizagirre, «uno sigue en excedencia y el otro tranquilamente cobrando el sueldo de la Diputación».
El silencio de la Diputación
Ahora, ante el silencio, «la no actuación» de la Diputación, y «su negativa a iniciar el correspondiente expediente contra Bravo y Eizagirre», LAB llevará a su cita con la Fiscalía un informe con las posibles implicaciones de los responsables políticos de la Diputación.
Xabi Garnika, secretario adjunto del sindicato abertzale, remarcó que habría que recordarle a la clase política «que tiene el compromiso con la ciudadanía guipuzcoana de aclarar y de depurar todo tipo de responsabilidades» relacionadas con el fraude en la Hacienda pública. Al respecto, consideró que habría que preguntarle al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, por qué cuando ha trascurrido un año desde la denuncia de LAB, hasta ahora no han actuado «de ninguna manera», y no han tomado «ninguna medida al respecto».
A juicio de Garnika, el fraude ha puesto en evidencia la necesidad de poner medidas correctoras para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, «ni en la Diputación, ni en el resto de estamentos institucionales».
Para ello, el representante de LAB afirmó que los responsables políticos tendrían que abordar y dar solución a «las medidas tendentes» a utilizar la gestión de los servicios públicos para favorecer «vías de subcontratación y privatizaciones a empresas afines o de amigos», y que también deberían avanzar en la adopción de medidas que abran la puerta «a la transparencia en la gestión de los recursos públicos», dos cuestiones que consideró fundamentales.
A juicio de LAB el encausamiento de seis personas por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa por presuntos delitos contra la Hacienda, demuestra que las tesis que mantenía la central abertzale han sido acertadas. Txomin Lorca explicó que en la reunión que el sindicato ha pedido con la Fiscalía solicitarán que se amplíe la investigación sobre el fraude, analizando a todas las empresas «que tienen o han tenido relación con Bravo y Eizagirre», así como todas aquellas empresas que tenían su domicilio social en la Avenida de Tolosa 11, y «especialmente» a la asesoría ALT. Asesoría, que dijo Lorca cambió su nombre el pasado mes de enero por el de «Cialt».
Según Lorca «se puede pensar que este grupo de empresas, y concretamente la asesoría ALT en su momento, en la que trabajaban un gran número de personas procedentes de la propia Hacienda foral», ha actuado y «mucho nos tememos que pueda seguir actuando», como «una Hacienda foral dentro de la Hacienda foral» para propiciar, «técnicas de ingeniería fiscal e influir en las decisiones administrativas». Las informaciones relacionadas con esas empresas han sido, según explicó Lorca, «una de las partes cualitativas que avanza en lo descubierto con la empresa Glass».
Asimismo, pedirán que investiguen todos los negocios que pudieran existir en Euskal Herria, en el Estado español así como en Europa. «Se podría empezar con la delegación de Cialt en Rumanía», dijo. AZ
Para LAB es fundamental un cambio del modelo institucional y fiscal, «que está favoreciendo como siempre a los de siempre», y también al fraude, «como ha quedado demostrado».
