El presidente y el vicepresidente de la Mancomunidad de San Marcos, Ricardo Ortega e Imanol Azpiroz, respectivamente, comparecieron ayer -el mismo día en que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa asumía el traslado y la gestión de los residuos del territorio-, para dar cuenta de las tasas por tonelada de residuo vertido que aplicarán en adelante.

Un aumento que, según apuntaron, supone en el caso de Donostia «un incremento del 82,26% en las aportaciones especiales por tratamiento de residuos en otros vertederos que debe hacer ese consistorio». Así, en lo que al conjunto de la Mancomunidad se refiere, apuntaron que mientras que el año pasado el coste ascendió a 5.425.019 euros, estiman que este año supere los nueve millones de euros.

Y es que, tal y como apuntaron, por cada tonelada de residuos que se deposite en los vertederos las mancomunidades han de aportar 125,24 euros, mientras que hasta el momento esta tasa no superaba los 75 euros. «Esto no obedece a que de repente los costes del tratamiento de la basura se hayan encarecido en sobremanera, sino que se pretende cubrir los costes del servicio y, además, financiar con carácter anticipado las infraestructuras a desarrollar, fundamentalmente la incineradora», señalaron. Y todo ello, tal y como afirmaron, «supone una factura muy importante para los ayuntamientos, sobre todo en la actual coyuntura de crisis».

A la misma hora comparecieron los responsables del Consorcio de Residuos, que afirmaron que el coste total de las infraestructuras previstas será de cerca de 400 millones de euros y que «estará financiado mediante una aportación del 33% de la Diputación». Entre las infraestructuras a construir, además de la tan mencionada incineradora, señalaron más estaciones de transferencia y de compostaje. Además, según afirmó el presidente del Consorcio, Carlos Ormazabal, se contempla la posibilidad de incorporar a toda esta red una planta de biometanización junto a una futura instalación de compostaje en la zona de Donostialdea.

Desde la Mancomunidad recordaron que incluso «obviando los múltiples riesgos que conlleva la incineradora, tanto a nivel sanitario como medioambiental», sólo por los efectos económicos que conlleva recoger los residuos en masa y quemar los materiales recuperables, este sistema es «insostenible».

Sin embargo, criticaron que las instituciones favorables a esta infraestructura están llevando a cabo «irregularidades» para blindar el sistema y «dificultar la puesta en marcha de sistemas de gestión alternativos», como el impulsado en Usurbil, «que tan buenos resultados está ofreciendo». En este sentido, criticaron que primeramente se impulsó «de forma irregular» la creación del mismo Consorcio -iniciativa que está en los juzgados-; y, posteriormente, el cambio en los estatutos de esta institución, con los que obligan a los ayuntamientos que deseen abandonarlo a pagar las deudas que haya contraído el Consorcio. Una decisión que, tal y como adelantaron, también pretenden impugnar.

Finalmente, criticaron que las instituciones de Gipuzkoa no tomen en cuenta los problemas que están teniendo en la planta vizcaina de Zabalgarbi: «Pese a todo, nos están vendiendo que la incineradora es una tecnología moderna».

Por todo ello, se comprometieron nuevamente a prestar ayuda técnica a todos aquellos municipios que impulsen la recogida selectiva puerta a puerta, «el sistema de recogida que estamos seguros se primará en el futuro».