Los trabajadores de la empresa JLG, situada en la localidad de Tonneins, en el suroeste del Estado francés, han logrado que la dirección de la compañía pague 30.000 euros en concepto de indemnizaciones por despido a los 53 empleados que se quedarán sin trabajo a partir de setiembre. Para conseguirlo, han estado tres semanas de huelga y advirtieron de que volarían la fábrica en caso de que no se atendieran sus reivindicaciones.

Según informó ayer France Info, las negociaciones entre trabajadores y directivos de JLG, fabricante y distribuidor de máquinas elevadoras, culminaron hacia la media noche del jueves, y la advertencia de la plantilla dio sus frutos. Estas fuentes indicaron que, si bien lamentan que sus compañeros vayan al paro, los trabajadores celebran que se hayan tomado en cuenta sus reivindicaciones, y esperan que el conflicto vivido en su empresa sirva de lección para que en el futuro los trabajadores no tengan necesidad de recurrir a medios tan extremos para lograr sus demandas.

De hecho, la advertencia de hacer volar la fábrica se produjo después de que, también en los últimos días, empleados de la empresa New Fabris y de Nortel hicieran lo mismo en sus respectivos conflictos laborales.

Hasta el 31 de julio

El lunes pasado, los trabajadores del fabricante de piezas para el automóvil New Fabris, declarada en quiebra desde junio, anunciaron que harían saltar por los aires la planta de Châtellerault si sus principales clientes, Renaul y PSA -Peaugeot y Citröen- no los indemnizan con 30.000 euros a cada uno. El secretario del comité de empresa y delegado de la CGT, Guy Eyermann, explicó que cumplirán su advertencia si no obtienen respuesta antes del próxima día 31. Para dejar constancia de la seriedad de su aviso, colocaron bombonas de gas conectadas entre sí y dispuestas para explotar en la central eléctrica de la fábrica.

Apenas dos días después, la plantilla de la empresa Nortel, situada en la localidad de Chateaufort, cerca de París, seguían el ejemplo de sus colegas y tras una semana en huelga para denunciar una «liquidación abusiva» de la compañía, declarada en quiebra el 28 de mayo, anunciaban que harían explotar sus instalaciones si no les concedían una indemnización por despido de 100.000 euros.