La oferta de pacto de estabilidad presupuestaria e institucional ha colocado al PNV por unos días en el centro del escenario político de la CAV. Se trata, sin duda, de un éxito comunicativo que ha sido reconocido por comentaristas de diferentes ideologías. Otra cuestión es qué significa esa búsqueda de la centralidad.

El calendario corre deprisa y la memoria es frágil. Fue el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, quien, en el inicio de la campaña de las autonómicas, quiso recordar que «el combinado PSE-PP sólo podría alcanzar la mayoría absoluta con la ilegalización de las candidaturas de la izquierda abertzale». Y fue el candidato a lehendakari del PNV, Juan José Ibarretxe, quien miró más atrás y apuntó que la anulación de las candidaturas de Askatasuna y D3M le retrotraía a «aquella famosa frase de Mayor Oreja, cuando [tras perder el asalto a Ajuria Enea de 2001] dijo 'tenemos que perfeccionar la alternativa'». «Al parecer -explicó Ibarretxe- perfeccionar la alternativa es quitar una formación política del mercado y precisamente no estando todos los partidos, qué curiosa coincidencia, es la única manera de que el PSE y PP pueden sacar la mayoría absoluta».

Una vez consumado el «golpe institucional» que Urkullu denunció el 4 de marzo, en el pleno de investidura el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, aseguraba que «cometeríamos un error desde el PNV si entendiéramos o concluyéramos que lo que hoy van a materializar es una simple alternancia en el gobierno. No lo es, y no se trata de descubrir aquí ninguna estrategia conspirativa: es la razón de Estado. Ibarretxe es un problema para el Estado. Pero no Ibarretxe, sino lo que este Parlamento decide es un problema de Estado. Luego hace falta un acuerdo de Estado, un acuerdo de Estado que obligue a las partes, a las dos partes; convienen en desplazar al PNV, al nacionalismo institucional y a Ibarretxe».

La afirmación de Egibar de que «lo que este Parlamento decide es un problema de Estado», recoge el análisis que el PNV ha mantenido durante años y que Xabier Arzalluz explicita en un reciente debate en la revista «Larrun», donde señala que «la razón de que PSOE y PP gobiernen juntos es que en Madrid se han dado cuenta de que los abertzales pueden ser mayoría en el Parlamento vasco y pueden llevar adelante el derecho de autodeterminación. No hay otra razón». En alguna otra ocasión ha comentado que la Ley de Partidos empezó a gestarse cuando vieron a Josu Urrutikoetxea votar a Juan José Ibarretxe como lehendakari.

Y es en este contexto de «Parlamento trucado» para evitar la mayoría abertzale y desalojar al PNV del poder donde se enmarca, sin embargo, la propuesta de estabilidad del EBB. Lo cierto es que los jeltzales no tardaron mucho en hacer un intento de acomodarse a la nueva situación, por tramposa que fuera. Apenas cuatro días después de las elecciones, el PNV hizo una propuesta «de acuerdo de coalición o pacto de legislatura» al PSE, que partía de «reconocimiento de la pluralidad política vasca, explicitada en -ojo al dato- el conjunto de opciones políticas que han logrado representación en el Parlamento vasco». Los excluidos no son parte de la pluralidad.

En un párrafo que hoy creeríamos sacado de las «Bases para el cambio democrático» firmado por PSE-PP, el EBB escribía que «es hora de abrir una etapa en Euskadi para instaurar una cultura basada en el diálogo y la cooperación entre diferentes», lo que suena a abjuración de los tiempos de Juan José Ibarretxe en Lehendakaritza.

Como el PSE rechazó la oferta del EBB, al igual que después la rechazó el PP, a quien también se la hicieron, el PNV volvió a radicalizar su discurso e insistir en que era la primera fuerza a la que estaban desalojando ilegítimamente de Ajuria Enea.

Pero después de esa fase, el EBB ha vuelto a la oferta de un «acuerdo de estabilidad» -que era también el nombre del primer intento de pactar con el PSE- con el que ha conseguido el mencionado éxito comunicativo. Pero el coste de este protagonismo es haber caído en «el error» que Joseba Egibar, en su discurso en el pleno de investidura, dijo que el PNV no debía cometer: actuar como si lo ocurrido fuera una «simple alternancia en el gobierno» y no una «operación de Estado».

Es decir, el PNV está ya funcionando como si la situación del Parlamento y el escenario político de la CAV fueran fruto de unas elecciones normalizadas y no de un «golpe institucional» y del «perfeccionamiento de la estrategia» del que habló Jaime Mayor Oreja y que culminó José Luis Rodríguez Zapatero.

Llamativamente, en los últimos días tanto el PSE como el PP han coincidido en demandar al PNV que, tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, «pase página a su estrategia política, deje de oponerse a la Ley de Partidos y deje también de decir, por ejemplo, que el Parlamento vasco no es representativo de la realidad social de Euskadi».

Pero un análisis frío de la realidad, que se centre más en los hechos que en los discursos, demuestra que el PNV ya ha dado ese paso. No sólo porque la reacción de Iñigo Urkullu a la sentencia de Estrasburgo fuera insistir en la criminalización de la izquierda abertzale ilegalizada culpándola de su situación, o porque antes y después de las elecciones autonómicas repitiera una y otra vez que «Batasuna no ha estado porque no ha querido estar, porque creo que participa de la tesis del `cuanto peor mejor'». El PNV demuestra que ya ha dado ese paso porque asume como normalizado el escenario creado para sacarle tramposamente del poder e iniciar la reconquista españolizante de la CAV. Tan es así que está dispuesto a, teniendo 30 escaños, convertirse en socio menor de un PSE que no tiene más que 25.

A fin de cuentas, si la oferta de estabilidad presupuestaria e institucional propuesta por el EBB llegara a buen puerto, se traduciría en que el PNV apoyaría los presupuestos de Patxi López en el Parlamento de Gasteiz y a cambio el PSE respaldaría las cuentas de las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en un pacto que se extendería a las tres capitales (2 en manos del PSE y 1 del PNV). Es más, incluso podría haber un pacto en el Congreso de los Diputados -como el año pasado- con el Gobierno que puso «los límites de la alambrada» al derecho a decidir de vascas y vascos.

El PNV y los defensores de su última operación pueden aducir que la situación de grave crisis económica obliga a mantener posiciones excepcionales y a primar el pragmatismo sobre las cuestiones de principios. Ocultan, sin embargo, que la colaboración interinstitucional entre diputaciones y Gobierno se puede desarrollar sin un acuerdo general y manteniendo las posiciones políticas de cada cual. El Gobierno de Lakua -como no deja de repetir el PSE- tiene c0m0 socio principal al PP que, pese a la palabrería de Antonio Basagoiti estos días, le permitirá aprobar los presupuestos de la CAV sin necesidad de los jeltzales y con un proyecto muy similar al que propondría el PNV, que no está en condiciones de hacer exigencias «nacionales» en las cuentas. Y a las diputaciones tampoco les costaría encontrar apoyos presupuestarios, como lo han hecho en ejercicios anteriores.

Lo que ocurre es que en el fondo y en la práctica el PNV demuestra que comparte no sólo el marco político trucado, sino también el económico, igualmente tramposo (aunque por otras razones), haciendo pensar que no hay otra alternativa posible y que no lo hace por gusto sino por necesidad imperiosa.

Sin embargo, que hay otra forma de hacer las cosas lo viene defendiendo -y denunciando con ejemplos prácticos- la mayoría sindical vasca liderada por ELA y LAB, que se mueve fuera de la «lógica» impuesta en Euskal Herria por todos los responsables institucionales. Tanto en el terreno político como en el económico el eje está en tener o no voluntad de confrontar con el Estado. Y sobre esto el PNV ya se posicionó claramente cuando el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno español, anuló la Ley de Consulta.

Las propuestas actuales de colaboración con el PSE -pese a que este partido no ha hecho otra cosa que abofetear a los jeltzales una y otra vez desde hace más de un año- son fruto de esa estrategia jeltzale de acomodación a la situación, por antidemocrática o injusta que ésta acabe siendo.