La muerte de Mohamed Benmouna provocaba, la pasada semana, una nueva ola de disturbios en la comuna de Firminy, en la banlieue parisina. El joven, de 21 años de edad, moría en el hospital tras su paso por la comisaría policial de Chambon-Feugerolles (Loire). Aunque el tribunal de Saint-Etienne dictaminó con inusual celeridad que en esta muerte «no concurrieron circunstancias de violencia» y aseguró que los policías trataron de reanimar a Benmouna después de que éste se colgara en su celda, ello no impidió que la cólera estallara en el barrio donde reside la familia Benmouna.

Los incendios ante las cámaras

Media docena de comercios, situados en la galería del centro comercial local, y una docena de vehículos quedaban destruidos por varios incendios en cadena y los enfrentamientos entre jóvenes y policías volvieron a rememorar las imágenes de la revuelta que vivieron los arrabales franceses en 2005.

Sin embargo, desde ese tiempo caliente la situación en los «patios traseros» de la República no se ha apaciguado, y la crisis económica que golpea en el presente al Estado francés lleva camino de agudizar la desigualdad y la discriminación, auténticas mechas de los incendios que periódicamente prenden en los extrarradios urbanos. Los incidentes en Firminy, como la ola de violencia desatada en Louviers (Eure) tras la muerte de un motociclista en un control policial, o la desatada en Vitry-le-François, hace ahora un año, tras la muerte de un joven en una operación contra el tráfico de droga, guardan una relación directa con los dispositivos de seguridad establecidos por el Gobierno francés a raíz de la gran revuelta.

«Le Figaro» se encargaba esta semana de rememorar esa serie de incidentes en un reportaje publicado por el rotativo conservador a modo de acompañamiento a la entrevista exclusiva con el nuevo ministro de Interior, Hortefeux. Coincidiendo con la fecha caliente del 14 de julio -600 vehículos incendiados en 2008- el sucesor de Michèle Alliot-Marie desgranaba el enorme dispositivo desplegado para prevenir incidentes similares. En total, más de 40.000 efectivos desplegados con motivo de la fiesta patriótica francesa. Finalmente, ¿esa cifra exorbitante de agentes ha permitido salvar la estadística? Difícil saberlo. Interior ha dado la cifra de «unos 500» coches quemados tras impedir dar datos a las prefecturas.

Por lo demás, la respuesta policial a una manifestación en Montreuil-sous-Bois elevó la temperatura a unas horas del 14 de julio. La Policía dispersó por la fuerza a las personas que protestaban por la violenta carga con la que los agentes pusieron fin, días antes, a la ocupación por un grupo de artistas de un edificio de la cercana localidad de Seine-Saint-Denis. La alcaldesa de Montreuil y antigua ministra de Medio Ambiente, Dominique Voynet, se sumaba a las voces que denuncian el uso indiscriminado por la policía de un arma de autoprotección, la flash-ball. Desde principios de año, cuatro ciudadanos han perdido un ojo al verse alcanzados por disparos de la policía.

La mudanza del modelo policial

Desde enero de 2009, las «cifras de la delincuencia» se han estancado, rompiendo la tendencia a la baja que permitía a Nicolas Sarkozy presentar como exitosos sus sucesivos planes, consistentes en extender el uso de la videovigilancia y en anunciar un «nuevo modelo de policía de proximidad» que, sin embargo, no termina de obtener el respaldo apetecido por el Gobierno conservador en las comunas más desfavorecidas.

El brote de disturbios en Firminy se produce en un contexto de reformas en el esquema policial. El ministro Hortefeux elogiaba en la entrevista con «Le Figaro» el acercamiento entre los 105.000 gendarmes y 145.000 policías que componen el parque policial de la República y aseguraba que la decisión de situar bajo el mismo paraguas de Interior a ambos cuerpos redundará en una mejora de la seguridad ciudadana.

La decisión de colocar bajo un mando único a ambos cuerpos ha suscitado una agria polémica. De hecho, el comandante de este cuerpo ha dado con sus huesos en el tribunal de disciplina militar por unas declaraciones públicas en las que censuró la vocación del Gobierno de sacrificar la «labor de proximidad» de la Gendarmería como antesala de una reducción de efectivos y un impulso a fórmulas de seguridad privada.