Aquel 18 de julio de 1936 cambió la vida a millones de hombres y mujeres de Euskal Herria y de los pueblos del Estado español. Un grupo de militares, con la complicidad de los terratenientes, las clases adineradas y la jerarquía de la iglesia católica, se alzaron contra la legitimidad de la voluntad popular, con el fin de eliminar sistemáticamente cualquier esperanza de construir una sociedad basada en el respeto a los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de los pueblos y naciones del Estado español.

1. Genocidio y crimen de lesa humanidad. El objetivo perseguido por los militares fascistas fue aniquilar sistemáticamente a aquellos ciudadanos que, por su condición de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, laicos, ateos, vascos, catalanes o galegos..., representasen un «peligro» para la España nacional-católica. Estos militares golpistas, y los políticos fascistas que les auparon, cometieron cientos de miles de asesinatos, construyeron miles de fosas comunes, en las que enterraron decenas de miles de ciudadanos/as, provocaron decenas de miles de desaparecidos, cientos de miles de muertos por hambre y la enfermedad, cientos de miles de exiliados (Casanova, J., 2002), millones de desplazados, decenas de miles de internados en campos de concentración y exterminio (Rodrigo, J.; 2006), y una represión cultural y lingüística brutal sobre pueblos y naciones del Estado.

2. Responsabilidad de la comunidad internacional. No hay que olvidar que la guerra de exterminio y el genocidio cometido no hubieran sido posibles, sin la implicación de las potencias europeas, esto es, (1) sin la participación directa de Alemania e Italia, y la implicación de Portugal, que intervinieron con total impunidad, aportando armas, aviación y tropas regulares (adiestradas y perfectamente equipadas), y (2) los gobiernos de Francia Gran Bretaña, que facilitaron la intervención de las potencias del eje, a través del «pacto de no intervención», que en la práctica derivó en una política activa de los gobiernos Francés y Británico en contra, incluso, de la prestación de ayuda humanitaria para la población civil desplazada y exiliada, que huía del genocidio franquista.

3. Situación actual. Han transcurrido 73 años desde que millones de ciudadanos y ciudadanas vieron truncados sus deseos de construir una vida mejor, socialmente más justa y políticamente más democrática, en el marco de un modelo de Estado republicano. Pero lo que más evidencia, con toda su crueldad, el olvido y el silencio impuesto, sobre los luchadores y luchadoras antifranquistas, es el hecho cierto y constatado de que aún no se ha investigado en toda su profundidad la verdad de los acontecimientos, no se ha hecho justicia y, menos aún se han implementado las medidas de reparación, recomendados por la comunidad internacional. La Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre) es solo el último ejemplo de esta demencial situación. A través de esta ley, se abandona a su suerte a los familiares de las víctimas de fusilados y desaparecidos, responsabilizándoles enteramente de los costes derivados de la investigación sobre el paradero de sus allegados y, en caso de ser hallados, también de los costes de su exhumación.

4. Euskal Herria. Las autoridades y partidos que han ostentado responsabilidades de gobierno en Euskal Herria son causantes directos de este sombrío panorama, por haber abandonado a miles de familiares de fusilados y desaparecidos a su suerte y condenándolos al olvido. A día de hoy, no existe un censo oficial de fusilados, desaparecidos, de muertos en el frente, de fallecidos por el hambre y la enfermedad; no se ha elaborado ningún censo oficial de prisioneros, de exiliados, de represaliados, no se ha realizado un censo de incautaciones y requisas a la población.

5. Sin parangón en la Europa Occidental. Los procesos de justicia transicional, desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial, para establecer las responsabilidades penales sobre aquellas personas y regímenes dictatoriales causante de millones de muertos no hubiesen sido posibles de no haber existido la clara determinación de hacer de la verdad, la justicia y la reparación, los objetivos prioritarios; no hubiesen podido reconstruir la sociedad europea sobre nuevas bases políticas e ideológicas, desvinculadas de los poderes heredados del los anteriores regímenes dictatoriales.

6. Superación del régimen franquista. Esta es una de las cuestiones determinantes, que están pendientes de ejecución en el caso español: la eliminación de las estructuras de poder, erigidas durante el régimen franquista, actualmente controladas y gestionadas por sus directos herederos (http://www. youtube.com/watch?v=Khyw4t5hB5Q). Sólo con una sincera voluntad de superación del modelo de impunidad español (Amnistía Internacional y Informe Nizkor, 2004), a través de la constitución de la Comisión de la Verdad de Euskal Herria, se podrá posibilitar la investigación de la verdad, la efectiva realización de la justicia y la implementación de las medidas reparadoras correspondientes, incluidas las también irrenunciables e imprescindibles garantías de no repetición.

(*) Además de Alberto Muñoz y Gotzon Garmendia, también firman este artículo Andoni Txasko, Manuel Sainz, Juan Ramón Garai y Julia Monge.