La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha atendido el recurso presentado por Lezama Bizirik contra la orden foral del 25 de octubre de 2007 que aprobó las Normas Subsidiarias (NNSS) de este municipio de Txorierri. Los magistrados estiman el primero y principal de los argumentos expuestos por la asociación vecinal en cuanto a que el Consistorio, gobernado por el PNV, omitió «trámites urbanísticos y ambientales esenciales que han afectado al derecho de participación».

El tribunal se refiere a que se incumplió el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, por que en la primera revisión de las NNSS se refrendó inicial y provisionalmente por el Pleno municipal de Lezama sin que previamente se hubiese pronunciado el Departamento vizcaino de Medio Ambiente. Los magistrados consideran «relevante» el vicio de tramitación y por ello, estiman la demanda de nulidad del documento de revisión de las Normas.

A partir de ahí, la Sala no profundiza en otros alegatos complementarios como que se vulnera la normativa sobre prevención de las inundaciones y la aplicable a la ampliación del suelo urbanizable de uso industrial o para actividades económicas.

En una valoración de urgencia -la sentencia les fue comunicada el viernes pasado-, Lezama Bizirik no ocultó su alegría por la resolución «que ha paralizado una normativa urbanística absolutamente desarrollista y negativa para el futuro» de la localidad vizcaina. Así, desde el organismo ciudadano lezamarra resaltaron que «se pone freno, también desde instancias jurídicas, a las reiteradas irregularidades administrativas llevadas a cabo por el Gobierno municipal de Lezama en éste y en otros temas».

Al aprobarse en Pleno el citado documento urbanístico con los votos de los corporativos jeltzales, Lezama Bizirik consideró que la revisión de las Normas Subsidiarias «abría las puertas a la total industrialización del municipio», lo que repercutiría en la calidad de vida y en la salud de sus vecinos.

El colectivo criticó que las NNSS iban a legalizar «la pérdida de otras 60 hectáreas de suelo de alto valor agrícola en el barrio de Aretxalde para transformarlas en industriales, y donde podrán ser acogidas actividades peligrosas y contaminantes a menos de un kilómetro del centro urbano».