El alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez (PSE), anunció el pasado lunes que creará una comisión de investigación para esclarecer las adjudicaciones de pisos de protección local en el barrio de La Siebe. La citada comisión estará integrada exclusivamente por las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento.

Rodríguez realizó este anuncio después de que durante los últimos días varias informaciones publicadas en el diario «Deia» dieran cuenta de que varios allegados del concejal de Urbanismo, Jesús María González Suances, habrían obtenido la concesión de viviendas de forma irregular.

Los beneficiados por el presunto trato de favor inmobiliario serían la hija del edil del PSE, un escolta, dos familiares de personas de confianza que trabajan junto a González Suances en el Consistorio y un concejal de la misma formación de otra localidad vizcaina.

Según las informaciones publicadas, los cinco allegados del edil del PSE habitarían otras tantas viviendas que en un principio debían de haber sido destinadas para realojos.

«Nada que ocultar»

El edil de Urbanismo y el alcalde de Barakaldo negaron las acusaciones vertidas en su contra y aseguraron que la comisión de investigación probará que no tienen «nada que ocultar». Es más, González Suances culpó al grupo municipal del PNV de la localidad de estar detrás de lo que calificó de «ruido mediático», lo que achacó a haber perdido el Gobierno de Lakua.

La respuesta de los jeltzales no se hizo esperar y ayer comparecieron ante los medios para advertir al PSE de que está estudiando si las «insidiosas y graves acusaciones» realizadas contra el PNV podrían ser constitutivas de delito.

Asimismo, la portavoz jeltzale en Barakaldo, Amaia del Campo, se mostró partidaria de la creación de una comisión de investigación y dijo que es «más necesaria que nunca». Según apuntó, debería esclarecerse si es cierta la denuncia vecinal de que los afectados por el realojo no pudieron acceder a las cinco viviendas señaladas por encontrarse reservadas a personas cercanas al concejal de Urbanismo, a pesar de que el convenio firmado entre la constructora y el Ayuntamiento determinaba que los realojables eran los primeros que tenían derecho a elegir vivienda.

Del Campo reclamó también que se aclare si las personas que residen en las viviendas reservadas a minusválidos sufren o no el grado de discapacidad requerido y si es cierto que la constructora compró los terrenos de los caseríos derribados por 7,5 millones de euros y esa misma semana los hipotecó por 15 millones.