El descontento que genera el Gobierno de Alan García en la sociedad peruana es cada vez mayor. El presidente de Perú comienza hoy el penúltimo de los cinco años de su mandato en medio de la contrariedad que los ciudadanos muestran hacia su gestión del gobierno. Aproximadamente un 76% de la población estima que la situación del país en los ultimos años ha empeorado a pesar de que el Ejecutivo insiste en que el PIB subió un 3% durante el último año. Este descontento ha provocado una alta conflictividad social acompañada de una bajada de la popularidad del presidente.

García ya había fue presidente entre los años 1985 y 1990, un periodo caracterizado por la hiperinflación, el aislamiento financiero, la guerra abierta contra las guerrillas y la corrupción. La gestión económica del Gobierno de García fue especialmente criticada en aquel primer periodo. La crisis se vió agrabada por la corrupción generalizada en todas las instancias de Gobierno, que llegó a alcanzar niveles muy altos, debilitó la caja fiscal y provocó al colapso de los servicios públicos. En 1990, Alan García entregó la Presidencia en un contexto totalmente contrario al de 1985. Su tasa popularidad se encontraba muy baja y las acusaciones por las acciones contra el Gobierno que encabezó no cesaban.

En este segundo mandato, su prestigio también se esta viendo mermado. Muestra de ello es el aumento de las protestas sociales en este último año debido a las decisiones tomadas en relación a la gestión de los recursos naturales. Como principal argumento para defender su estrategia destinada a facilitar las inversiones en territorios de la selva que tradicionalmente han estado bajo el control de las comunidades indígenas de la Amazonía, el presidente peruano señala que los recursos del país «deben ser utilizados en beneficio de toda la población».

El desequilibrio en su Administración le ha obligado a remodelar su Gabinete en dos ocasiones desde el pasado octubre. El último cambio tuvo lugar el 11 de julio, cuando el primer ministro Yehude Simon presentó su renuncia.

El líder del opositor Partido Socialista, Javier Díez Canseco, se refirió a la situación del Gobierno señalando que «es la crisis de un Estado excluyente, centralista, corrupto, opresor, y siempre al servicio de los grupos dominantes y extranjeros».

Masacre de Bagua

Atendiendo a la argumentación de que los recursos naturales deben emplearse en «beneficio» de toda la población, el Ejecutivo de García aprobó un paquete de leyes sobre la propiedad de la tierra y el manejo del agua, que derivó en un paro en la región amazónica. La población indígena se movilizó entre abril y junio, bloqueando carreteras y ríos y ocupando yacimientos petroleros. La comunidad indígena exigió durante esas protestas la derogación de las leyes que permiten la explotación de los recursos naturales amazónicos, argumentando que fueron aprobadas sin su consentimiento, un requisito impuesto por las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ante la negativa del Gobierno a dar un paso atrás, las protestas se multiplicaron. Las autoridades ordenaron a la Policía endurecer las medidas, con lo que el desalojo de una de las principales carreteras de la región del Amazonas derivó en una masacre que dejó al menos 34 muertos, 24 policías y 10 civiles. Sin embargo, aún no se ha aclarado lo acurrido y la comunidad indígena sigue denunciando la desaparición de alrededor de centenar de civiles en las protestas.

Este suceso provocó una ola de rechazo contra el Gobierno y su peor crisis. El 49% de los peruanos calificó el conflicto en la selva como el peor episodio del tercer año de gestión de García.

La denuncia por lo sucedido en Bagua también llegó desde diferentes organizaciones internacionales.

El primer ministro, Yehude Simón, decidió remunciar a su puesto. García lo reemplazó por Javier Velásquez, muy cercano a su Gabinete.

Estos hechos no han sido los únicos criticados por la ciudadanía de Perú. Para un 30%, lo peor fue la excarcelación, revocada poco después debido a la presión pública, de Rómulo León, que fue ministro de Pesquería durante el primer mandato de Alan García. León se encuentra en el centro de un escándalo por la adjudicación de varios lotes petroleros a una empresa noruega aprovechando, aparentemente, sus influencias en el sector público.

Mientras, en medio de las dudas sobre su gestión política y económica, la popularidad de García sigue cayendo cuando le quedan aún dos años para que finalice su mandato.