Las cinco personas que permanecen imputadas en la causa contra «Euskaldunon Egunkaria» -Joan Mari Torrealdai, Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Txema Auzmendi e Iñaki Uria- comparecieron ayer en el Parque Martin Ugalde de Andoain para valorar la resolución por la que la Audiencia Nacional española ha decidido celebrar juicio en su contra. Junto a ellos estuvo Pello Zubiria, que ha quedado excluido del proceso al igual que Xabier Alegria, en prisión por el sumario 18/98.

Torrealdai fue el encargado de dar lectura a una declaración en la que no ocultó que albergaban esperanzas de que el caso fuera finalmente sobreseido y que han recibido un severo varapalo con la decisión del tribunal especial.

Hizo alusión a que en la vista oral, celebrada el pasado 23 de junio en el tribunal especial, los abogados «dieron una lección magistral» en la defensa y que hasta el propio fiscal se posicionó a favor del archivo definitivo del caso, yendo aún más lejos que cuando pidió el sobreseimiento provisional. En cuanto a la acusación ejercida por las asociaciones ultraderechistas, recordó que no exhibieron «argumentos sólidos» y que se percataron del «riesgo fehaciente de sobreseimiento».

Torrealdai valoró también el hecho de que juristas «con visión progresista» les dijeran que el caso era «insostenible en la jurisprudencia democrática». Dijo que eso contribuyó a incrementar sus esperanzas, ya que todos esos factores son «indicadores fiables en los regímenes democráticos comunes», aunque «por lo visto no en Madrid».

Las peores previsiones

Los imputados lamentaron que sus «peores previsiones se van cumplimiento inexorablemente» y que, tras «seis largos y calamitosos años, quieren ahora obligarnos a agacharnos en el banquillo de los acusados». Añadieron que el «cumplimiento de las peores previsiones» les lleva a pensar que «alguna sentencia condenatoria habrá» y que «sea cual sea la condena, no será un buen final para el caso Egunkaria», porque «la brutalidad» cometida hace seis años «sigue vigente».

«Nos han vuelto a demostrar quién conserva el mando y que el espíritu de 2003 sigue al menos tan vigente como entonces, y que nadie ha desertado de él. Que la fuerza de la acusación no reside en los argumentos, sino en el poder», sentenció Torrealdai en su lectura.

«Sí somos culpables -asumieron-, y lo decimos con orgullo, culpables de impulsar el euskara, la cultura vasca, los medios de comunicación en euskara... pero no somos culpables de pertenecer a ETA».

Recordaron también que sigue abierta la pieza económica de la causa, por la que se piden las penas de prisión más elevada: 184 años y 235 millones de euros para los ocho encausados.

Por todo ello, apelaron a la solidaridad de la sociedad vasca «que nunca nos ha abandonado», para que «siga estando a nuestro lado, especialmente ahora que nos hallamos definitivamente en capilla con vistas al juicio. No sabemos el efecto que causará en la Audiencia Nacional que la sociedad vasca manifieste con energía sus reclamaciones, pero el no hacerlo tendría un efecto demoledor para el caso».