La madrugada del martes, Iñaki Etxeberria recuperaba la libertad después de que el Tribunal Supremo de Venezuela fallara a su favor y contra la petición de extradición cursada por el Estado español. La Justicia de la república bolivariana ha denegado su entrega argumentando que el delito que se le imputa está «prescrito» en la legislación venezolana al haber pasado más de quince años desde que se llevaron a cabo las últimas diligencias de la judicatura española.

El refugiado vasco reconoce en declaraciones a GARA su satisfacción por la sentencia y resalta que se ha respetado la ley, ya que «lo contrario no sería aceptable». Recuerda que antes y tras el juicio mantenía «esperanzas» de que el tribunal resolviera a su favor, pero que la tardanza en dar a conocer la sentencia le hizo cambiar de opinión. «Esperaba cualquier cosa porque tras el juicio ya empezamos a sospechar que había algo raro», explica.

Señala que varios agentes de la Interpol se personaron en el centro de detención en el que permanecía recluido y repitieron el mismo interrogatorio que le realizaron tras su arresto. Una actuación que, según denuncia, «es totalmente ilegal».

La vista oral se celebró el 30 de junio y, a pesar de que la Fiscalía se mostró contraria a su extradición, el tribunal prefirió tomarse diez días para comunicar su decisión.

Desde el primer momento, los comités y asociaciones que reclamaban su puesta en libertad alertaron de que esa decisión podía deberse a «presiones» del Gobierno español. Días más tarde denunciaban en un comunicado que habían tenido conocimiento de que el Ejecutivo del PSOE estaría «chantajeando» al Gobierno bolivariano por vías diplomáticas con acuerdos económicos y la nacionalización del Banco de Venezuela. Asimismo, la semana pasada el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, mantuvo una reunión con el presidente Hugo Chávez.

El abogado de Etxeberria pidió explicaciones por el retraso en el pronunciamiento del tribunal y le contestaron que estaban investigando si el carnet de identidad venezolano del refugiado no estaba falsificado. El exiliado de Algorta considera que se trata de una «excusa» porque desde que le detuvieron tenían en su poder la documentación y habían tenido tiempo de sobra para comprobarlo.

Falseado el día del arresto

Etxeberria reside en el país americano desde hace ya trece años. La Fiscalía y su defensa denunciaron varias irregularidades en el proceso de extradición en su contra. Entre ellas destacaron que la fecha y el lugar de detención no eran correctas. El tribunal venezolano ha decidido abrir una investigación por ello.

Según se aseguraba en la reclamación, el arresto se produjo el 24 de abril en Valencia, Estado de Carabobo. Sin embargo, en realidad se realizó el día 21 en Tinaquillo. La detención fue ocultada durante cuatro días por la policía y no hubo confirmación oficial hasta después de que el movimiento pro-amnistía informara sobre el arresto, el 25 de abril.

No fue la única irregularidad detectada, ya que en la orden de detención contra Etxeberria no se especificaba la acusación concreta al mencionarse en el escrito el delito de «asesinato» y el de «tentativa».

Según parece, los emisarios españoles ni siquiera se molestaron en modificar la petición de extradición de Bittor Tejedor realizada en 2007 a Canadá y mantuvieron el nombre del país norteamericano en la reclamación enviada a Venezuela.

La acusación contra Etxeberria era idéntica a la de Tejedor, que tras ser extraditado y juzgado por haber intentado matar en 1981 a un periodista de «La Gaceta del Norte», fue absuelto a comienzos de año por la Audiencia Nacional española.

El refugiado de Algorta cree que el objetivo del Estado español era que fuera expulsado de forma inmediata, pero que las presiones externas y las batallas políticas internas del país provocaron que se iniciara un proceso de extradición. En este sentido, cabe recordar que en 2002 se produjeron las expulsiones de tres refugiados vascos -Bittor Galarza, Sebastián Etxaniz y José Ramón Foruria- en fechas próximas al golpe de estado contra Hugo Chávez y en medio de fuertes injerencias. Años más tarde, el Gobierno bolivariano fue condenado a indemnizar a Etxaniz y Galarza por los «daños morales y perjuicios» causados por una deportación «ilegal y arbitraria».

Con los «revolucionarios»

Desde que se conoció la detención de Etxeberria han sido numerosas las muestras de solidaridad recabadas por el refugiado vasco. En países como Argentina han reclamado su puesta en libertad asociaciones como la agrupación Martín Fierro y en Uruguay han organizado una coordinadora que ha llevado a cabo varias movilizaciones en Montevideo.

También han sido varios los grupos que se han sumado a las protestas contra la extradición del vecino de Algorta en Venezuela, como la Asociación de Amigos de Euskal Herria.

Etxeberria agradece los apoyos y resalta que lo han hecho «a cambio de nada» porque «la solidaridad es el valor más importante para ellos».

La Coordinadora Continental Bolivariana, la Coordinadora Simón Bolívar y el comité creado para exigir su liberación han desarrollado varias actividades en ese sentido. Desde protestas ante el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Exteriores y los tribunales a la realización de murales y pintadas a favor de Etxeberria, así como una campaña para recabar apoyos.

En una de las concentraciones celebradas fueron agredidos por los seguidores de líderes de ultraderecha opositores al Gobierno de Chávez.

Representantes de la coordinadora intentaron reunirse con el ministro de Interior venezolano, pero no llegaron a conseguirlo. Su intención era hacer ver a las autoridades bolivarianas que no podían caer en el «chantaje económico-político de estados imperialistas como el español». Subrayaban que Etxeberria es un «revolucionario que lucha por la liberación de su pueblo» y que su entrega habría supuesto «desprestigiar» la revolución bolivariana.

En cuanto a su estancia en prisión, el exiliado vizcaino explica que ha estado retenido en un centro de detención. Según especifica, «es como una cárcel ya que no hay libertad, pero está mejor que las prisiones normales de aquí, que son muy duras y muere mucha gente. El trato ha sido correcto, aunque he tenido algún incidente por la corrupción de algunos carceleros».

Incidente con Cuba

La persecución contra los refugiados vascos ha sido constante en las últimas décadas. Se han producido secuestros e interrogatorios e, incluso, en 1997 apareció muerto en circunstancias extrañas el exiliado en México José Luis Salegi Elorza, Txipi.

Sin embargo, es extraño que los seguimientos a los refugiados sean reconocidos por el Gobierno español. Unas semanas después de que se produjera la detención de Etxeberria, el Estado español confirmaba la expulsión de Cuba de tres agentes de los servicios secretos por quejas del gobierno de la isla caribeña.

En las explicaciones ofrecidas, detallaron que estas personas se dedicaban a realizar seguimientos a los refugiados vascos que residen en Cuba desde hace años. Entre los espías que fueron expulsados del país caribeño se encontrarían una mujer y dos hombres. La mujer habría permanecido en la isla durante los últimos cinco meses, mientras uno de los hombres llevaría trece meses en Cuba y el otro, más de cinco años. La agencia Europa Press aseguró que el CNI mantendría todavía a uno de sus agentes en la isla.