La ciudadana francesa Clotilde Reiss, empleada de la Embajada, y el jefe de la División Política y de Seguridad de la Embajada británica en Teherán, Hosein Rasam, han reconocido su implicación en las manifestaciones contra la elección de Mahmud Ahmadinejad como presidente y han pedido disculpas y clemencia por los «errores» cometidos. Los dos están acusados de los cargos de «incitación al desorden público». Además, Reiss ha sido formalmente acusada de «amenazar la seguridad nacional» iraní, un delito que podría ser penado con cinco años de cárcel, al igual que el espionaje del que se acusa a Rasam. Pero, si se les declara mohareb (enemigos de Dios) podrían enfrentarse a la pena de muerte.

El fiscal del tribunal, Abdolreza Mohabat, alegó que participaban en «un plan de la oposición y los países extranjeros para derrocar al régimen».

Acusó a las autoridades británicas y estadounidenses de haber desempeñado un papel en los enfrentamientos, en los que, según señaló, murieron treinta personas. «Algunos diplomáticos británicos tomaron parte en reuniones ilegales en Teherán», afirmó. Medios oficiales subrayaron que «en el juicio, Rasam ha hablado sobre la clara interferencia de los diplomáticos británicos y de sus contactos con los políticos moderados y con la sede de campaña de Mussavi».

Reiss reconoció que había estado presente durante un episodio de protestas en Isfahan, donde impartía clases de francés. Admitió haber entregado «un informe» sobre los disturbios a la Sección Cultural de la Embajada francesa en Teherán, dirigida por el secretario Nazak Ashfar, que también está siendo juzgado por las autoridades.

«No debería haber participado en las manifestaciones ilegales. Lo lamento. Pido perdón a la nación iraní, al tribunal, y espero que me perdonen», declaró en el juicio. «Lo hice por curiosidad y para estar al tanto de la situación política. Quería saber lo que estaba ocurriendo», añadió.

Reiss fue detenida en el aeropuerto internacional Imán Jomeini el 1 de julio cuando intentaba salir del país. Su trabajo para el Instituto de Estudios Políticos de Lille, donde se graduó en 2008, trataba sobre el sistema educativo y los libros de texto desde la Revolución Islámica.

Rechazo a las acusaciones

El Gobierno británico condenó enérgicamente el proceso judicial contra su empleado y emitió una protesta oficial por la que insta al país a que «aclare las circunstancias en las que se está desarrollando este proceso, para decidir cómo responder a esta última afrenta». Un portavoz gubernamental calificó el comportamiento iraní de «inaceptable. Deploramos estos juicios y estas confesiones, por llamarlas de alguna manera, obtenidas a prisioneros a los que se les han negado sus derechos más esenciales».

De igual modo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, tildó de «infundadas» las acusaciones y exigió la liberación de su ciudadana. La presidencia sueca de la UE también mostró su preocupación por estos procesos.