Rubén Pascual

El sociólogo alemán Max Weber afirmaba que el estado es quien tiene «el monopolio de la violencia legítima». Si aplicamos ese principio a México, observamos dos elementos significativos: por un lado, que el Estado -en este caso representado por las Fuerzas Armadas- ha perdido el control de determinadas zonas del país y, por lo tanto, ha perdido ese supuesto «monopolio» al ser «incapaz de proteger la vida y la propiedad de la ciudadanía» (esta afirmación la hicieron los especialistas en seguridad Edgardo Buscaglia y Samuel González en una entrevista con la periodista mexicana Carmen Aristegui para la cadena televisiva CNN en español); y, por otra parte, el propio concepto de «legitimidad» queda en el aire debido a la gran desconfianza que la clase política y el Gobierno suscitan en la sociedad mexicana.

La Fundación por la Paz (Found for Peace, FfP) incluye a México en la lista de estados fallidos que realiza desde el año 2005. En todos los informes anuales publicados desde entonces, la República mexicana está clasificada entre aquellos países que corren «peligro de convertirse en estado fallido». Desde la FfP califican a México como un país con un sistema judicial débil, lento, y con una policía que atenta contra los derechos humanos, que practica el secuestro, la tortura, la extorsión y la impunidad.

Es muy extendida la opinión de que el hecho de incluir a ciertos países en este tipo de listas favorecen a Estados Unidos para que, en su intento de convertirse en «la policía del mundo», tengan una justificación para intervenir en ellos. De la misma idea es Carlos Fazio, periodista de "La Jornada", quien en las páginas de dicho diario publicó que lo que ocurre en México es «una guerra de malos contra malos en un Estado fracasado. Y para que México no colapse -añadía-, Obama ya enviará a sus marines».

Según Fazio, los responsables de seguridad e inteligencia de EEUU «lograron construir la noción de México como estado fallido para el aterrizaje suave, ahora, de `la ayuda invasora' (Javier Ibarrola dixit) que salvará a México de los malos». No en vano, el periodista uruguayo afincado en México -especialista en asuntos del Ejército mexicano- nombra, a modo de ejemplo, los casos de países como Irak o Afganistán; lugares en los que EEUU libra, aún a día de hoy, una guerra asimétrica e invasora bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo con el supuesto objetivo de estabilizar la región.

Hay que subrayar, además, que el mismo Ejército estadounidense incluyó, en un informe que se conoció a principios del presente año, la posibilidad de que el Estado mexicano pudiera estar perdiendo el control del país, recayendo éste en manos del narcotráfico. Dicha afirmación no sentó muy bien al Gobierno federal, que se apresuró a contestar que «México no es un estado fallido». Durante una reunión que mantuvo en enero con los corresponsales de cuatro periódicos internacionales, la secretaria de Relaciones Internacionales, Patricia Espinosa, replicó de esta manera a esos análisis: «No quiero minimizar el problema, pero hablar de un estado fallido es hablar de una violencia generalizada y de una falta de control del territorio».

Aunque asumió que «hay ciertas plazas donde la violencia se ha exacerbado», el Ejecutivo federal se ha negado a admitir la pérdida de control sobre la situación y el presidente, el panista Felipe Calderón, ha repetido habitualmente frases como «vamos ganando por goleada». Sin embargo, el miembro de La Familia (cártel que opera en el estado de Michoacán) José Alberto López Barrón, El Gordo, declaró, tras haber sido detenido recientemente, que colocan retenes en algunos pueblos para controlar sus accesos y autorizar quién entra y quién no.

Otro factor importante a tener en cuenta es el de la corrupción policial. El pasado 31 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró -citando informes de inteligencia civiles y militares- que el 61% de los agentes de Policía está controlado por las redes del narcotráfico, y que reciben sumas mensuales que van desde 5.000 hasta 70.000 pesos (desde 250 hasta 3.700 euros, aproximadamente), dependiendo del cargo y las labores realizadas.

La corrupción no es un fenómeno que salpique sólo a la Policía, sino que se extiende a otros estamentos del poder, desde empresas a instituciones. Por ejemplo, una encuesta realizada por la firma de auditoría KPMG reveló el pasado 2 de agosto que las compañías radicadas en México «destinan un 5% de sus ingresos anuales al pago de sobornos» y que un 77% de ellas admite haber padecido algún fraude en el último año.

Dicha corrupción ha llegado a poner en jaque, incluso, al sistema político, llevando sus niveles de credibilidad hasta las cotas más bajas. Un estudio publicado por Consulta Mitofsky arroja que, en abril, un 73,8% de los mexicanos tenía una percepción negativa de la situación política. Otro de los datos relevantes es que los partidos políticos son la institución con menor promedio de confianza, por detrás incluso de los policías y los empresarios.

El desprestigio de la clase política y la protesta de la sociedad pudo apreciarse de nuevo en las últimas elecciones, sin olvidar las irregularidades que tuvieron lugar en las presidenciales de 2006, cuando la izquierda del PRD (Partido de la Revolución Democrática) acusó a la derecha del PAN (Partido de Acción Nacional) de manipular los resultados para arrebatarle la victoria. En los comicios del reciente 5 de julio, el alto índice de votos nulos (cifrado en un 6%), unido a la gran abstención que caracteriza todas las citas electorales de este tipo (56%), puso en cuestión la legitimidad del plebiscito, ya que la nueva Cámara de Diputados sólo estará respaldada por los votos del 35% del padrón electoral.

Los resultados de los comicios fueron, de igual manera, sorprendentes, no tanto por el color del vencedor, el PRI, sino por la magnitud de los resultados. Arroyó literalmente a sus dos mayores contendientes. El derechista PAN, que actualmente gobierna la República, fue aplastado: el PRI le sacó una diferencia de casi diez puntos y, además, le arrebató bastiones de larga tradición panista.

Otro de los grandes batacazos electorales fue el protagonizado por el PRD. Los apoyos de los perredistas cayeron a un escaso 12%, después de que, pese a no poder superar a Calderón, en las elecciones presidenciales de 2006 ascendieran hasta el 30%.

Por tanto, el partido que se mantuvo en el poder durante 70 años recuperó la batuta en la Cámara de Diputados. ¿Será un vaticinio de lo que pueda ocurrir en las presidenciales de 2012? Si bien es cierto que el PAN tampoco se ha librado de ellas, el hecho de que el mismo partido que perdió la hegemonía entre graves acusaciones de corrupción y mal gobierno haya arrasado en unas elecciones permite hacerse una idea sobre el estado de salud del sistema político mexicano.