Es difícil determinar cuáles son los indicadores para definir a un estado como estado fallido. El monopolio de la violencia legítima ha sido, desde que el sociólogo alemán Max Weber definiera al estado en esos términos, el rasgo característico utilizado históricamente para evaluar la viabilidad y el estatus de los mismos. En estos momentos más y más estados, incluso estado potentes como el caso de México que hoy analiza GARA, ven cómo ese monopolio no es efectivo.

Las razones para ello son diversas. Por un lado, la obsesión de los diferentes gobiernos con la disidencia política de izquierda ha sido determinante para que distintas clases de criminalidad organizada se hayan desarrollado en forma de estados paralelos, llegando a dominar grandes territorios o a tener una influencia económica inaceptable. No es necesario fijarse en países en desarrollo para constatar este hecho. La situación de una potencia europea como Italia es significativa en este aspecto. Siguiendo con la definición de Weber, partidos considerados «progresistas» han asumido el concepto de «legitimidad» con una naturalidad que en muchos casos ha eclipsado conceptos centrales para la izquierda como son la justicia, la libertad, la igualdad o la democracia. Mientras tanto, los partidos conservadores han adoptado estos términos como propios, pero tergiversando por completo su significado. En los últimos tiempos, asimismo, se ha ido imponiendo una concepción según la cual Estado de Derecho y democracia son considerados oficialmente sinónimos. El orden constitucional formal, homologado internacionalmente, se ha convertido en el paraguas bajo el que los estados pueden hacer y dejar de hacer lo que les plazca. Incluso alimentar fenómenos que terminan por devorarlos como estructuras políticas para el desarrollo de las naciones. En muchos casos este fenómeno se da en connivencia con la clase política, lo que acrecienta su descrédito. Además de lo ya señalado, las potencias con pretensiones hegemónicas han utilizado el término de «estado fallido» para justificar sus injerencias.

El verdadero problema, por lo tanto, no es tanto el de los estados fallidos, sino sobre todo el de las democracias fallidas o usurpadas. México puede ser un ejemplo. Desgraciadamente, es sólo un ejemplo de un fenómeno en alza.