Italia cuenta con casi un millón y medio de asistentes del hogar y cuidadores de ancianos, de los que el 71,6% no tienen la documentación exigida, según el centro de estudios sociales italiano Censis. Estos datos se publican poco después de que entrara en vigor la ley sobre seguridad que tipifica la inmigración irregular como delito, estableciendo multas de entre 5.000 y 10.000 euros y agilizando la expulsión.

El Ejecutivo italiano ha elaborado una disposición especial para este tipo de casos, ya que un importante número de familias se quedaría sin el apoyo necesario para ocuparse de sus ancianos y tareas del hogar.

Según el Censis, para una de cada diez familias, esos empleados son «indispensables».

Los ministerios de Trabajo y Bienestar Social e Interior han emitido una circular que permitirá que los inmigrantes que ejercen de «colaboradores domésticos» -como se les ha llamado- puedan obtener los papeles que permitan su estancia en Italia. Para ello, deberán presentar una solicitud por internet entre el 1 y el 30 de setiembre, aunque serán las familias las que tendrán que llevar a cabo el trámite. El contrato deberá ser al menos de veinte horas semanales.