Ya se sabe que la diferencia que existe entre el precio de la vivienda y los sueldos constituye el mayor problema para la juventud vasca a la hora de independizarse. Tirando en una dirección los sueldos, el mercado laboral precario y el creciente paro; en la otra dirección, la vivienda con unos precios de venta y alquiler que nos llevan a gastar más del total de nuestro sueldo. Y en la mitad, nosotros y nosotras, a punto de ahogarnos.

En los últimos meses, el Consejo de la Juventud de España, el Observatorio de la Juventud y el Gobierno Vasco han hecho públicos algunos datos en torno al tema. Tanto unos como otros, dejan claro que quienes retrasan el momento de volar del nido familiar, no lo hacen debido a aspectos culturales y generacionales; estamos ante una situación provocada por factores económicos y políticos, sí o sí.

Por ejemplo, según los datos facilitados por el Observatorio Joven de la Vivienda para la juventud, en Araba una casa vale 243.090 euros en el mercado libre; en Bizkaia 294.880 euros; y en Gipuzkoa 299.090. Siendo este el panorama, una persona joven vizcaina tendría que gastarse el 111.6 % de su sueldo para poder comprar una casa solo; una guipuzcoana el 106.6% de su sueldo; y un alavesa un 79.7% de lo que gana. Es más, si solo gastásemos el recomendado 30% de nuestros ingresos, destinaríamos el 258.5% de lo que ganamos a la vivienda (según la última investigación del Consejo de la Juventud de España). Así, no es de extrañar que el número de jóvenes que vive fuera de casa de sus padres no alcance la mitad; y por si esto fuera poco, la mayoría de los que todavía lo hacen no esperan poder vivir por su cuenta en los siguientes 4 años (según las últimas encuestas del Gobierno Vasco). Mas allá de los datos estadísticos, esta situación tiene otras consecuencias: los y las jóvenes no tenemos la suficiente seguridad material (seguridad que se consigue mediante la vivienda y el trabajo) para poder desarrollar nuestro proyecto de vida propio; esta inseguridad a su vez, nos margina y condiciona nuestra participación social. Dicho de otra manera, hoy en día no existen condiciones mínimas para que la juventud pueda desarrollar su ciudadanía.

No se puede negar que el problema de la vivienda necesita de medidas proporcionales a su magnitud. Aun así, y atendiendo a las consecuencias, podríamos decir que las políticas llevadas a cabo en los últimos años no han puesto mucha resistencia a un mercado que no entiende el lenguaje de los derechos. Por un lado, los escasos recursos económicos de los planes de vivienda del Gobierno Vasco, por otro la política fiscal de las 3 diputaciones que no ha hecho otra cosa que incrementar el precio de la vivienda, y por ultimo las políticas de urbanismo utilizadas como fuente de ingreso de los ayuntamientos... Las políticas llevadas a cabo por las distintas instituciones no han sido capaces de dar la vuelta a la situación. Lamentablemente, el futuro también se perfila bastante oscuro para la juventud vasca. Los portavoces del gobierno de la CAV han dado a conocer lo que serán las bases de la futura política de vivienda, incluso se ha aprobado alguna medida específica en el Parlamento. Sin embargo, lo anunciado camina en la misma dirección que hasta ahora, ya que considera el sector de la vivienda y la construcción el motor de la economía.

Sí, aunque lo intenten disimular con un nuevo traje, las políticas planteadas por la Consejería de Vivienda huelen a cemento, y vemos como de nuevo se han puesto medidas encima de la mesa que benefician a unos pocos y fomentan la perversión de un derecho fundamental. Por ejemplo, para activar la economía, se propone reactivar el sector de la construcción propiciando un pacto entre las cajas de ahorros o bancos, las empresas de construcción, inmobiliarias y la administración. De todas formas, seguimos sin ver con claridad de qué manera solucionarán estas medidas el problema de la vivienda: ¿Cómo va a garantizar el aumento en la construcción de viviendas la accesibilidad de las mismas? Teniendo en cuenta las necesidades demográficas ¿de verdad hacen falta más viviendas? ¿Cómo se va a gestionar el problema de las miles y miles de viviendas vacías que hay en Euskadi? Una misma receta para salir de la crisis y para cocinarla. En los últimos meses muchas personas agraciadas con una vivienda de protección oficial en régimen de compra se han visto obligados a rechazarla por falta de capacidad de pago. Ante esta situación, el gobierno, para sacar del mercado las viviendas protegidas y para fortalecer el sector, propone abrir las viviendas de protección oficial a rentas mas altas. Parece que como los pobres se han empobrecido demasiado, vamos a dar la opción de comprar las viviendas que se han construido con el dinero de todas a los «ricos». El planteamiento tiene lógica desde un prisma mercantilista, pero no acaba de encajar desde un punto de vista ético. Dejando a un lado los intereses que subyacen a las nuevas propuestas del gobierno, creemos que hacen falta medidas que tengan capacidad de responder a los intereses y necesidades de la mayoría de la población.

Según las ultimas encuestas realizadas por el Gobierno Vasco, debido a la falta de estabilidad laboral y el precio de la vivienda, se ha duplicado el numero de solicitantes de alquiler dentro del programa Etxebide, pasando de ser un 32,1% en 2007 a un 61% en la actualidad. Otro dato más, este último que evidencia la necesidad de poner en marcha políticas activas en torno al alquiler. Así, si de verdad se quiere avanzar en el reconocimiento del derecho a la vivienda y si además se busca articular una respuesta en clave de universalidad y servicio público, es imprescindible ampliar el parque público de alquiler de manera prioritaria e inmediata.

El alquiler social, además de ser una ayuda capaz de adaptarse a distintas necesidades (poniendo en marcha alquileres en base a los ingresos), tiene potencial para acabar con el problema de las vivienda vacía originado por la especulación de los últimos años, y es una medida que puede hacer frente a realidades bastante dispares, entre otras a la de la juventud. A raíz de unas políticas públicas que principalmente se han diseñado para adaptarse a las necesidades del mercado, hoy en día nos situamos lejos de garantizar el derecho a la vivienda, y es ahora cuando se deberían fijar una nuevas bases para los futuros planes y poner en marcha recursos para fortalecer el estado del bienestar. Un pena, porque visto lo visto, y viéndolas venir, tenemos la sospecha de que tendremos que esperar hasta que alguno o alguna halle la manera de obtener beneficio económico mediante el alquiler social para ver implantadas medidas de este tipo.