Han pasado cerca de cincuenta días desde que Manuel Zelaya fue expulsado del poder y de su propio país mediante un golpe de Estado político-militar que colocó a Roberto Micheletti al frente del Gobierno usurpador. Desde entonces, diversos agentes del ámbito internacional han manifestado su rechazo a lo sucedido y han apostado por una solución que permita restablecer el orden constitucional en el país centroamericano.

Mientras las instituciones se pierden en discusiones sobre los matices de la negociación, alargando así un periodo en el que la violación de derechos fundamentales es cada vez más grave, miles de hondureños continúan en las calles denunciando el golpe de Estado y exigiendo el regreso de Zelaya. Así las cosas, La Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe «Enlazando Alternativas», ha enviado una Misión Internacional de Solidaridad, Observación y Acompañamiento a Honduras para solidarizarse con la lucha y resistencia del pueblo hondureño.

Denuncias

Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción e integrante de la Misión denuncia la continua violación de derechos humanos a la que está sometido el pueblo hondureño. Afirma que diferentes sectores y movimientos contrarios al golpe de Estado sufren continuamente la represión del Gobierno golpista y que la falta de observadores en el país, dificulta la labor de verificar los acontecimientos. Asimismo, sostiene que en un intento de desfigurar los hechos y responsabilizar a los manifestantes, «cometen los crimenes de manera que no parezca que han sido ejecutados por militares». Kucharz afirma, además, que la militarización en Honduras es desmesurada, especialmente en zonas de movilizaciones.

Según un informe publicado por dicha Misión, algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades golpistas, haciendo caso omiso a sus funciones constitucionales y legales. Añade que la violación de derechos afecta a diferentes sectores, desde defensores de derechos humanos, hasta medios de comunicación, dirigentes políticos y movimientos sociales. En definitiva, todo aquel que alce la voz en contra del golpe de Estado está expuesto a que sus derechos sean vulnerados.

Toque de queda

Las principales violaciones de derechos se amparan en el toque de queda que restringe, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana derechos fundamentales como la libertad personal, la libertad de asociación y reunión y el derecho a circular libremente, y salir y entrar en el territorio nacional. No obstante, la legalidad del decreto 011-2009 es cuestionable por diferentes razones, aseguran los observadores, ya que se estableció para un plazo de 72 horas a partir de su aprobación, plazo que hace ya tiempo que ha superado. Además, de acuerdo con el artículo 221 de la Constitución de Honduras, la publicidad de las normas es un requisito esencial para su validez, y dicho decreto no ha sido publicado en el boletín oficial de la República de Honduras.

Caben destacar las contradicciones que rodean el decreto. Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados por la Misión dieron horarios diferentes y expresaron divergencias sobre su contenido, dejando en entredicho la legitimidad de su aplicación.

Cerco mediático

La libertad de expresión es otro de los derechos que se ha visto seriamente restringido. Prueba de ello es que tras el golpe de Estado casi un 95% de los medios de comunicación dejaron de transmitir cualquier tipo de información relacionada con la expulsión de Zelaya. Asimismo, han sido numerosos los ataques contra aquellos medios que se manifestaban contrarios al golpe o difundían información en contra del régimen golpista.

Tras recabar información sobre el papel de los medios en el conflicto, Kucharz constata la manipulación y estima que han ayudado a legitimar el golpe y trasladar a la ciudadanía un falsa normalidad afirmando que lo ocurrido en Honduras «no ha sido un golpe de Estado». Casualmente, los medios que ocultan esta información son propiedad de empresas acusadas de financiar la asonada político-militar. Fruto de esta autocensura, el desconocimiento de parte de la población sobre la realidad de lo sucedido le impide formarse un criterio libre e informado.

Exigencias

Cuando la solución al conflicto se vislumbra cada vez más complicada son varias las hipótesis sobre la razón de la imposibilidad para solventar el problema. La mayoría de estas hipótesis apuntan a la falta de interés por parte del Gobierno usurpador. Asimismo, existe la convicción de que el objetivo de Micheletti sería alargar la situación hasta las próximas elecciones para evitar la consulta sobre la asamblea Constituyente que permitiría cambiar la Constitución, ya que el cambio en la Carta Magna permitiría la reelección de Zelaya como presidente. Sin embargo, la reforma constitucional no afectaría sólo a Honduras, ya que Zelaya estima que en la nueva Constitución se debería establecer que los recursos naturales del país no podrían ser enajenados, lo que afecta directamente a empresas de distintos países.

Ante este tira y afloja entre las autoridades, la Misión exige a la UE que refuerce sus medidas económicas y diplomáticas para presionar a Micheletti y que no legitime las elecciones a no ser que se den las condiciones necesarias para que éstas sean válidas. No obstante, destaca la labor que diferentes sectores de Honduras están llevando a cabo y admira el tesón del pueblo frente a la violencia golpista que día a día se afana contra el movimiento de resistencia.