En realidad este artículo es un experimento. Se trata de comprobar qué pasa tras escribirlo. Me gustaría, por otro lado, que este texto pudiera ir acompañado de las fotografías de todas estas personas, pues así todo sería más actual. Pero vayamos al grano: ¿será ilegal dar vivas a los patriotas arriba mentados, condenados en su día por secuestros, torturas y asesinatos?

Enrique Rodríguez Galindo, ex general de la Guardia Civil: ¡presente! Condecorado con 13 cruces de oro y plata, medallas y encomiendas varias. Condenado a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Ascendido de comandante a general mientras todo aquello ocurría. Cumplió tan solo cuatro años y medio de prisión, siendo excarcelado por razones de salud.

José Barrionuevo, ex ministro del PSOE: ¡presente! Condenado a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de fondos públicos. Recibió un indulto parcial (un tercio de la condena) y obtuvo un tercer grado especial. Pasó solo tres meses en prisión.

Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad con el PSOE: ¡presente! Condenado a 17 años de prisión y 12 de inhabilitación por el secuestro de Segundo Marey, malversación de fondos públicos y corrupción. Indultado parcialmente por Aznar. Cumplió tan solo dos años y dos meses de prisión, la mayor parte de ellos en régimen abierto, yendo solamente a dormir.

José Amedo, ex subcomisario de Policía: ¡presente! Condenado a 117 años de prisión por seis delitos de asesinato, secuestro, lesiones y asociación ilícita. Pasó doce años en prisión, la mitad de ellos en régimen abierto.

La lista de este club sigue con Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Gipuzkoa con el PSOE, condenado a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Su estancia en la cárcel no duró dos años, quedando libre por motivos de salud; Julián Sancristobal, ex gobernador civil de Bizkaia, condenado por secuestro y malversación a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación, cumpliendo tan solo 15 meses... y hay más: Ricardo García Damborenea, Michel Domínguez, Miguel Planchuelo, Ángel Vaquero, etc.

Según los tribunales que juzgaron todo lo anterior, los GAL y toda la trama de la guerra sucia no constituyeron banda terrorista alguna. Los secuestros, tortura y muerte de Lasa y Zabala fueron un hecho puntual, sin relación alguna con los crímenes de Amedo y su banda. Se trató, más que nada, de distintos «prontos» que les fue dando en aquella época a unos cuantos celosos defensores de la ley y el orden, empujándolos a torturar, secuestrar, matar, robar, malversar... Nada que ver los unos con los otros ni con ningún plan diseñado desde gobierno, institución o lugar alguno. El hecho de estar pringados hasta las cachas subcomisarios y comisarios policiales, oficiales, mandos y jefes de la Guardia Civil, gobernadores, secretarios de seguridad y ministros fue algo casual. Lo que pasa es que, como a veces ocurre con las setas, la cosecha delictual en aquella temporada fue abundante y por eso pudo dar la sensación de algo más organizado, pero de eso, nada de nada.

A los condenados no se les aplicó «doctrina Parot» alguna, sino todo lo contrario. De promedio no cumplieron ni el 10% de las penas impuestas, pero eso tampoco quiere decir nada. Quienes les indultaron, acordaron la prisión abierta y excarcelaron por motivos de salud no aplicaron trato alguno de favor. Estas medidas no respondían a pacto previo alguno con el Gobierno ni a las amenazas que hizo alguno de «tirar» de la manta. Y como no hubo banda armada ni ellos eran terroristas, las concentraciones socialistas ante las cárceles pidiendo «¡amnistía, libertad!» tampoco fueron disueltas a pelotazos.

Ycolorín, colorado, el cuento del GAL se ha acabado. Hoy ya no queda nada de aquello. Las torturas señaladas por Amnistía Internacional o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el secuestro de Alain Berastegi y la desaparición de Jon Anza son denuncias carentes de fundamento alguno. Claro está, también en su día Amedo sostuvo que los GAL eran «un invento de HB y de un periodista batasuno» y luego reconoció su plena implicación en sus actividades e, incluso, dio a entender que Felipe González estaba al tanto de todo aquello. García Damborenea afirmó también esto último, si bien con mayor contundencia.

En días pasados hemos asistido en la prensa a un interesante debate político entre distintas formaciones políticas navarras (Na-Bai, UPN, PSN...). Se señalaba que, ante los atentados de ETA, no bastaba con expresar la condena a los mismos, sino que era preciso también afirmar tajantemente la más plena solidaridad con la Policía, Guardia Civil y las fuerzas de seguridad.

Alas personas no hay que juzgarlas por la opinión que éstas tienen de sí mismas, pues esto sería estúpido. Hay que valorarlas por lo que son, que no por las virtudes con las que se adornan. De la misma manera, las instituciones «democráticas», las fuerzas de «seguridad» y los tribunales de «justicia» no son tales por el mero hecho de que así se autodenominen. En nuestro caso, muchas de estas instituciones han dado continuidad, sin más, con pequeñas pinceladas, a las que existieron durante los cuarenta años de dictadura.

Ocupaciones, cargas y detenciones policiales recorren hoy las fiestas de nuestros pueblos. El «euskal presoak, Euskal Herrira!», por arte de birlibirloque, se ha convertido en enaltecimiento del terrorismo. Reclamar la libertad, incluso la de quienes aún no han sido condenados por nada, es delito de lesa patria. Portar sus fotografías está penado ahora más que la propaganda ilegal en tiempos de Franco. Mientras tanto, Galindo, Elgorriaga, Sancristobal, Amedo, Vera, Barrionuevo, Danborenea... viven con placidez su merecido descanso. O sea, vivimos en un estado de derecho, gozamos de una democracia como pocas, nuestros jueces hacen justicia de la buena y la Policía se desvive por nuestra seguridad. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas.