Las ayudas para la población en situación de pobreza o las ayudas para personas desempleadas están creando más de una polémica durante las últimas semanas. En el Estado español la ayuda de 420 euros para parados que hayan agotado sus prestaciones ha creado un gran revuelo entre los dirigentes políticos, con reproches y declaraciones cruzadas mediante comparecencias y comunicados de prensa. En Euskal Herria, el último debate ha tenido su origen en la nueva ayuda que la Diputación de Gipuzkoa ha destinado a la población que no puede acceder a la ayuda regulada por la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, más conocida como Renta Básica. La nueva ayuda, según han explicado sus promotores, está destinada a aquellas familias que ni siquiera pueden optar a la Renta Básica por no cumplir con alguno de los requisitos demandados, fundamentalmente el hecho de llevar un año empadronadas en la CAV, periodo que rebaja a seis meses.

Tras el anuncio de su puesta en marcha, desde Lakua han censurado esta prestación porque «rompe el sistema vasco de garantía de ingresos en la medida que introduce un claro elemento de desequilibrio interterritorial». Un dudoso desequilibrio, ya que la Diputación ha señalado que prevé que tan sólo será demandada por unas 300 familias en toda Gipuzkoa, y ascenderá al 80% de la Renta Básica, 512 euros mensuales.

Eusko Alkartasuna ha defendido la necesidad de unificar los criterios exigidos por las distintas administraciones de la CAV para optar a los servicios sociales. Aralar mostró su satisfacción por la ayuda «a las familias en situación de pobreza excluidas de la Renta Básica». Mientras, el PSE afirmaba que el contenido del decreto foral tenía que haberse trasladado al ámbito de la Comisión Interinstitucional, que integran Lakua, diputaciones y ayuntamientos. Posiciones que parecen indicar que prima más la burocracia creada por las distintas instituciones en relación a la exclusión social más que la lucha contra la misma.

Reproches cruzados; llamamientos para rechazar la discriminación pero «las palabras se las lleva el viento» y la realidad muestra que los ingresos de miles de personas están por debajo del umbral de la pobreza que Elkartzen, la plataforma contra la precariedad y la exclusión social, sitúa en los 1.080 euros mensuales. Una cantidad muy lejana de los 420 euros del Gobierno español o de la Renta Básica de Lakua, fijada en el 88% del Salario Mínimo Interprofesional: 640 euros mensuales. Insuficientes cantidades para cubrir las necesidades básicas en nuestra sociedad.

Migajas en los presupuestos

Comparando cifras, resulta llamativo observar que, de los 22.522 millones de euros para gastos de los presupuestos de Lakua para este año, han sido 216,8 millones los destinados a Renta Básica y Ayudas de Emergencia Social, un 2,39% del total. Y de los 6.313,7 millones de los presupuestos de Nafarroa, 34,5 millones fueron para este capítulo, nada más y nada menos que un 0,54%.

Una segunda apreciación es la dimensión de los gastos fiscales en Hego Euskal Herria. Las bonificaciones y deducciones en determinados impuestos que impulsan las instituciones suelen beneficiar a sectores que, precisamente, no corren el riesgo de caer en la pobreza. En 2009 Lakua e Iruñea dejaron de recaudar mediante ese procedimiento 836 millones de los beneficios empresariales, frente a los 251,2 millones destinados a luchar contra la exclusión.

Sindicatos y agentes sociales, y alguna que otra fuerza política, vienen subrayando la insuficiencia de recursos económicos para cubrir las necesidades de parte de la población. Por ejemplo, en marzo pasado, ELA denunció que en doce años de crecimiento económico las tasas de pobreza no han descendido, mientras que ha habido un enorme aumento de la riqueza. Y, como es obvio, en tiempos de crisis el número de necesitados casi se ha duplicado. Así lo recoge Elkartzen en su reflexión sobre los presupuestos para 2009 de Hego Euskal Herria: «La brecha entre ricos y pobres crece sin cesar y se agudizará por la crisis financiera». Menciona también que «choca tanta austeridad en atender a los más desfavorecidos económicamente cuando los altos cargos del Gobierno [de Lakua] y su élite asesora, unas 300 personas, se ha subido el sueldo un 6,5%, cuando reciben de media mensual más de un millón de las antiguas pesetas».

Con esos datos sobre la mesa, es difícil entender que quienes gestionan políticamente los instrumentos para lograr un bienestar social amplio pierdan tanto tiempo en debatir si es correcto o no que una institución conceda una ayuda mínima a 300 familias -que difícilmente llegarán a fin de mes- sin habérselo consultado a la de al lado.