Con fecha de 3 de julio, aunque fue notificada el 20 de julio, el Supremo español dictó una sentencia en la que rechaza el recurso de casación presentado por el Consistorio de Barrika, la Diputación vizcaina, así como las promotoras Abandonada Muriola SL e Inversiones Arne Muriola SL, contra una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) del 29 de noviembre de 2004, que dio la razón al colectivo ecologista Txipio Bai al considerar ilegal la recalificación de terrenos en el área de Muriola.

El conflicto tiene su origen en el proyecto municipal de construir 85 chalés y 12 viviendas de protección oficial (VPO), así como un campo de golf en los terrenos de Muriola y San Telmo, áreas a las que el Ejecutivo de Lakua otorgó una especial protección paisajística en 1987. Txipio Bai acudió a los tribunales por presión urbanística sobre esta zona protegida de Barrika e irregularidades, y, además, Greenpeace denunció el caso en su informe de 2008.

Denuncia de una asociación ecologista

Txipio Bai formalizó su denuncia ante el TSJPV en 2001 y volvió a acudir en 2004, cuando les otorgó la razón. La recalificación, aprobada por el Ayuntamiento y refrendada por la Diputación, quedó sin efecto, al considerar los magistrados que no se ajustaba a derecho.

Tras el revés, ambas instituciones recurrieron ante el Supremo español, defendiendo su potestad para modificar el planeamiento urbanístico. Cada uno de los argumentos esgrimidos por los abogados del Consistorio barrikarra y de la Diputación son desestimados por el Alto Tribunal, que condena a las dos instituciones y a las sociedades mercantiles que impulsaron la operación en Muriola a sufragar los costes del prolongado proceso judicial.

La resolución, que es firme, también se refiere a las Viviendas de Protección Oficial y dice que es «una variable a considerar». Un interés social puede, a su juicio, permitir que se modifique la calificación de los terrenos, aunque subraya que la Administración debe justificar «de forma expresa y clara» las circunstancias que motivan que dejen de estar especialmente protegidos los terrenos de Muriola y San Telmo. Se pregunta el Supremo «qué ha cambiado para que dichos terrenos, que antes no eran adecuados para el desarrollo urbano porque había que preservar su valor paisajístico, ahora sí lo son».

Los magistrados finalizan diciendo que no existe justificación de esa recalificación «pues no consta en el expediente remitido a la Sala, ni en el recurso contencioso administrativo ni en casación».

El Consistorio no está preocupado

A partir de la sentencia, queda por resolver su ejecución y, por consiguiente, un hipotético derribo de los 12 chalés de lujo. A preguntas de GARA, Sergio de la Riva, arquitecto municipal de Barrika, afirmó que el Ayuntamiento es «apto para urbanizar el sector Muriola y el Plan Territorial Parcial (PTP) sigue vigente». No obstante, reconoció el problema que se crea tras declarar ilegal la urbanización de lujo.

Los afectados han manifestado en las últimas semanas que están «tranquilos, ya que todos parecen estar de acuerdo en mantener en pie nuestras casas». Los propietarios de los chalés confían en el PTP y el proyecto del Consistorio para «relegalizar la zona».

De la Riva informó a este diario de que han presentado una nueva ordenación, que se encuentra en fase de avance, que «no exagera lo urbanizado, no coge la lengua, se rebaja y tiene menos densidad. Quedaría dentro de la ordenación -apostilló- la última vivienda construida». El arquitecto aseguró que la sentencia no obliga a derribar los chalés y que en el nuevo planeamiento que se han visto obligados a reformar tratan de «aunar intereses».

Además, el arquitecto achacó a la resolución del Supremo «falta de coherencia» en su interpretación de la protección visual, ya que llega a justificar la construcción de un mayor número de viviendas. Sergio de la Riva, que estuvo acompañado del aparejador municipal Juan Colina, desmintió los rumores que se han extendido en Barrika de que el Ayuntamiento vaya a impulsar la edificación de 130 viviendas en el entorno de Muriola, tal y como se informaba hace algunas semanas en la página web municipal. «Se han previsto en Elejalde; en un sector urbano consolidado», aclaró De la Riva al ser cuestionado.

Asimismo, el técnico municipal comentó que las declaraciones de la portavoz del Gobierno de Gasteiz, Idoia Mendia, afirmando que «no permitiremos que se construya más en esa zona», denotan que la responsable de Lakua «está mal informada». Al ser un técnico municipal, no quiso entrar a realizar valoraciones políticas.

A su vez, el Departamento foral de Urbanismo no contempla la demolición de los chalés. «Ninguna sentencia ha dicho que hay que demoler nada», subrayan. Al igual que los responsables municipales de Barrika, consideran que el Plan Territorial Parcial está en vigor. «El PTP no contempla esa zona como de especial protección y no se realizará ningún cambio de él sino se modifican los planes sectoriales y las leyes en vigor».

Quien aún no se ha pronunciado al respecto es el colectivo ecologista que lleva más de un década luchando en los tribunales para lograr preservar los valores paisajísticos de Barrikabaso, donde se encuentran los sectores de Muriola y San Telmo. Txipio Bai, que no quiso avanzar su postura, anunció ayer que mañana expondrá en rueda de prensa su valoración de lo que suponen las repetidas sentencias del TSJPV y del Supremo que declaran ilegal esta operación urbanística, además de exponer los siguientes pasos que van a llevar a cabo.