El Gobierno foral aprobó ayer la modificación de los estatutos de la Caja de Ahorros de Navarra (CAN). El fin que persigue, según dijo su presidente Miguel Sanz, es «prohibir» que los cargos públicos integren los órganos de gestión de la caja de ahorros.

Se trata, según explicó Sanz, de «despolitizar» la caja y, para ello, «se llevará adelante un proceso corto». Aunque ha trascendido poco de la reforma, el presidente del Gobierno foral tiene la potestad de designar la mayoría de los miembros de los diferentes órganos de la CAN. Por lo tanto, no queda garantizado que la caja pase a una fase de despolitización. El consejo general de la caja estará compuesto por cincuenta miembros, veinte más que en la actualidad. La mitad estarán designados por las instancias públicas. De ellos, catorce los nombrará el presidente del Gobierno como entidad fundadora de los que dos los nombrará a instancias del alcalde de Iruñea.

Ocho los nombrará el Parlamento navarro y tres serán en representación de las corporaciones municipales de Iruñea, Tutera y Lizarra. De los otros veinticinco, catorce serán designados por «instituciones de relevancia económica, social o cultural». Sólo ocho serán representantes de los impositores y tres corresponderán a los representantes sindicales.

Según trascendió, de los 16 miembros del Consejo de Administración, ocho corresponderán nombrar a instancias públicas, de ellos cinco los elegirá el presidente del Gobierno foral. Sólo dos los elegirá el Parlamento y otro entre los ayuntamientos. Los otros ocho serán tres profesionales de prestigio, otros tres, de instituciones de relevancia económica, un sindicalista y otro de los impositores.

Habrá una comisión de control formada por doce miembros y una comisión ejecutiva de seis u ocho miembros. Según Sanz, «para reforzar el carácter de aforamiento» se creará, con funciones consultivas, la Junta de Entidades Fundadoras, de la que formarán parte representantes del Ejecutivo foral, Ayuntamiento de Iruñea y Parlamento de Nafarroa.