«Las elecciones generales sin restitución del orden constitucional serían la legalización de la violencia militar contra el Estado», aseguró el pasado fin de semana el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en unas declaraciones realizadas al hilo del inicio oficial de la campaña electoral, con miras a los comicios del 29 noviembre.

De esta manera, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras dio por inaugurada la campaña política, en medio de una tensa situación provocada por el golpe de Estado del 28 de junio, cuya consecuencia más directa fue el derrocamiento del presidente legítimo, Manuel Zelaya, y la imposición de un Ejecutivo militar.

En este contexto, tanto los seguidores del presidente electo como la comunidad internacional advirtieron de que no reconocerán al nuevo Gobierno que resulte vencedor en unos sufragios celebrados a la sombra de una asonada político-militar.

Ronda de reuniones

Con el propósito de «continuar analizando respuestas a la crisis política y buscar el restablecimiento del orden constitucional», tal y como aseguraron fuentes diplomáticas, Manuel Zelaya llegó ayer a Washington, para iniciar otra ronda de reuniones para aumentar la presión de la comunidad internacional a favor de su restablecimiento en el poder.

Durante los dos días que dure su visita a la capital estadounidense, Zelaya se reunirá el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y con los embajadores del organismo regional. Además, tiene previsto mantener reuniones con líderes de ONG, defensores de los derechos humanos y representantes de centros de análisis político.

Por el momento, se desconoce si se reunirá con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, o con otro funcionario de alto nivel en el Departamento de Estado.

La quinta visita de Zelaya desde que fue derrocado se produce en unos momentos en los que se prevé que el Departamento de Estado divulgue pronto un informe que determine si EEUU califica el golpe de Estado como tal, en cuyo caso tendría que imponer sanciones a Honduras.

Por otro lado, los países de la Unión Europea estudiarán durante el día de hoy su posición ante la convocatoria para noviembre de las elecciones generales.

Hay fuentes que indican que, en dicha reunión, podría tratarse la posibilidad de reanudar las negociaciones para un Acuerdo de Asociación con Centroamérica sin Honduras, ya que la UE suspendió las relaciones el pasado día 1 de julio.

El bloque europeo no ha reconocido al Gobierno golpista de Micheletti, con el que ha limitado al máximo los contactos diplomáticos.

«Sin apoyo de ustedes»

A pesar de las múltiples presiones ejercidas contra el Gobierno ilegítimo, su máximo representante, Roberto Micheletti, mostró desde el golpe de Estado su negativa a la restitución de Zelaya.

Su actitud y sus palabras han dejado clara su intención de no renunciar al proceso electoral que legitime su asonada, obviando continuamente las recomendaciones de la comunidad internacional. «Podemos salir adelante sin el apoyo de ustedes», aseveró Micheletti a los cancilleres de la OEA, después de que éstos manifestaran su determinación a no reconocer los comicios.

Resulta paradójico que un gobierno que ha llegado al poder mediante la fuerza, manifieste que garantizará «la transparencia y seguridad» de las elecciones, a las que están llamados unos 4,5 millones de hondureños.

Así las cosas, son seis los candidatos que competirán por alcanzar la Presidencia hondureña durante los próximos cuatro años.

Los candidatos de más peso son Elvin Santos del Partido Liberal, al que pertenece Zelaya -Santos renunció a la Vicepresidencia que ocupaba para presentarse y los zelayistas le califican de «golpista»-, y Porfirio Lobo, del Partido Nacional de Honduras, que representa a la oposición hondureña.

Además, se presentan Bernard Martínez. del Partido de Innovación y Unidad (Pinu); Felícito Ávila, por Democracia Cristiana; César Ham, por el izquierdista Unificación Democrática; y Carlos Reyes, candidato independiente, pero con tendencia a la izquierda.

Este último anunció que, si no se recupera el orden constitucional para las elecciones, se retirará de la contienda y pedirá que hagan lo mismo a los demás candidatos.