El Departamento de Estado estadounidense informó ayer del endurecimiento de las sanciones contra Honduras poco después de la reunión que mantuvieron su titular, Hillary Clinton, y el presidente depuesto del país centroamericano, Manuel Zelaya. Así, pondrá fin a las ayudas no humanitarias concedidas al Gobierno de Tegucigalpa.

Sin embargo, evitó determinar formalmente si el derrocamiento de Zelaya, el 28 de junio pasado, fue un «golpe militar», lo que tendría otras implicaciones jurídicas y económicas.

Ian Kelly, portavoz del Departamento, informó en un comunicado de la suspensión de una «amplia gama» de ayudas a Honduras debido al golpe de Estado y agregó que sólo se restablecerán cuando haya «un Gobierno democrático y constitu- cional» en el país. El monto de la asistencia que se verá afectada no fue precisado, aunque en los últimos días se habló de unos 200 millones de dólares.

Clinton ya suspendió programas de ayuda poco después del golpe de Estado, recordó Kelly.

El portavoz explicó que la decisión se debe a la resistencia del Gobierno usurpador a aceptar el Acuerdo de San José, que contempla la vuelta de Zelaya al poder, entre otros puntos, y al no restablecimiento del orden «constitucional y democrático».

El Departamento de Estado ha reconocido en los últimos días que sopesaba declarar que el derrocamiento de Zelaya fue un «golpe militar». Si bien ayer no se pronunció al respecto, Kelly dijo que en la expulsión de Zelaya de Honduras participaron «tanto los poderes legislativos y judiciales como las Fuerzas Armadas». No obstante, en todo momento se refirió a los hechos como un «golpe de Estado».

También anunció que el Gobierno no reconocerá al ganador de los comicios presidenciales del 29 de noviembre en Honduras, cuya campaña ya está en marcha.

«En este momento, no podríamos respaldar el resultado de las elecciones que están convocadas», dijo Kelly, quien pidió que el proceso negociador que coordina el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, establezca el marco «de unas elecciones legítimas». «Las elecciones deben realizarse de forma libre, justa y transparente. No deben llevarse a cabo bajo la sombra de la duda y deben estar abiertas a todos los hondureños», afirmó.

Por último, anunció que se ha iniciado el proceso de revocación de los visados para entrar en Estados Unidos de miembros del nuevo Gobierno y sus aliados. Washington ya había suspendido la emisión de visados para la mayoría de los hondureños, excepto casos de emergencia, como medida de presión.

Además, ayer se conoció que el jefe del Comando Sur de EEUU, general Douglas Fraser, reconoce que la base aérea militar de ese país en Palmerola, Honduras, fue utilizada como puente durante el golpe de Estado para sacar al presidente Manuel Zelaya del territorio. Según publicó el diario «Tiempo», Fraser admite que «el avión que llevaba secuestrado a Zelaya sí aterrizó en Palmerola», aunque asegura que el personal estadounidense «no tuvo participación ni conocimiento« de la llegada y despegue de la nave.