Un tribunal de EEUU abrió ayer la puerta al procesamiento judicial del ex fiscal general John Ashcroft por su política de arrestos contra los llamados «testigos materiales», personas que supuestamente tenían información sobre casos de «terrorismo» tras los ataques del 11-S.

Un tribunal de apelaciones del Estado de Idaho admitió la denuncia de uno de aquellos detenidos, Abdullah al-Kidd, un ciudadano estadounidense que aseguró haber sufrido sistemáticamente la violación de sus derechos constitucionales por culpa del entonces fiscal general, miembro del equipo del Gabinete de George W. Bush.

Al-Kidd denunció que en 2003 permaneció arrestado durante 16 días sin ser acusado de ningún delito y que durante un año estuvo preso en cárceles de alta seguridad, mientras las autoridades investigaban un presunto caso de «terrorismo». Aseguró que estos hechos, entre los que se incluyeron interrogatorios sin presentar ninguna prueba ante él, respondieron a la política gubernamental ideada por Ashcroft de detener de forma preventiva a posibles testigos.

El tribunal definió este tipo de arrestos como «repugnantes para la Constitución» y «un doloroso recordatorio de algunos de los capítulos más ignominiosos» de la historia del país. La sala de apelaciones denunció que el Gobierno recurrió a la detención de ciudadanos estadounidenses, «a veces en condiciones precarias, no porque hubiera prueba de que hubieran cometido un crimen sino, simplemente porque el Gobierno pretendía investigarse por supuestos crímenes o para evitar que tuvieran contacto con otras personas».

Ashcrof alegó que no estuvo personalmente involucrado en la política de detenciones del Departamento y reclamó la inmunidad, que fue desestimada.