Nerea GOTI

Miembros de plataformas contra la exclusión social, entre las que figuran las asambleas de parados de Sestao y Barakaldo, Argilan de Bilbo, Berri-Otxoak de Barakaldo y Denok Lan de Galdakao, parodiaron ayer una procesión de penitentes en Bil bo, en la que portaron a hombros una tienda de campaña. Ese es el «futuro hogar de las miles de personas que se encuentran al borde del precipicio por la falta de una cobertura social digna para afrontar estos tiempos de crisis económica», subrayaron los organizadores de la iniciativa, coincidiendo con la reunión ayer del Consejo Vasco para la inclusión social.

Con ese encuentro institucional de fondo, los «penitentes» subrayaron los datos aportados por el propio Ejecutivo de Lakua, que reconoce que el presupuesto actual para atender las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social (AES), sólo cubrirá el 85% de la demanda, «38.000 familias de un total de 44.700».

Con respecto a esa partida presupuestaria, que asciende a 54,5 millones de euros, las plataformas contra la exclusión denunciaron que sólo 10 millones de euros más hubieran bastado para prevenir la marginación social de las 6.700 familias que no llegarán a recibir las AES.

Además, resaltaron que el otro problema que enfrentan las personas con menos recursos es la falta de personal en los servicios sociales, que está generando esperas de hasta un año para recibir respuesta a la demanda de ayudas. «Se han dado casos en los que los demnadantes pidieron cita para cursar la solicitud en octubre del año pasado, la cita se produjo en febrero y aún esperan la resolución porque las bajas de perosnal no se cubren en la Administración y hay expedientes que llevan meses paralizados», explicó un representante de los colectivos sociales.

Los organizadores de la protesta mostraron, por otra parte, su preocupación ante el debate abierto en torno a una modificación de la prestación para el complemento de vivienda, que plantea reducir la misma a dos unidades convivenciales por vivienda, aunque el resto cumpla las codiciones de acceso al complemento.

En este contexto, los representantes de las plataformas sociales vizcainas añadieron que están detectando un aumento de las trabas «con cualquier excusa» a la hora de conceder las ayudas, al tiempo que confirmaron que crece el número de consultas de personas que no se habían encontrado nunca en situación de emergencia social en busca de información para acceder a las ayudas.

De hecho, tomando como referencia estadísticas oficiales, subrayaron que 120.318 personas se encuentran en el paro en la CAV, un 47% más que hace un año, y significaron que 206.581 personas trabajan pero con contratos temporales, lo que supone un 22,2% de temporalidad.

Según expresaron, otro dato que muestra la frágil economía del tejido social en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, es que 416.190 trabajadores ganan menos de 1.000 euros al mes y de ellas 170.857 deben sobrevivir con menos de 6.000 euros al año.

En una situación aún más extrema se encuentran 53.600 hogares de la CAV, de los que un 5% no dispone de ingresos mensuales suficientes para afrontar los gastos habituales y un 6% «tiene problemas para adquirir alimentos, usa ropa de segunda mano y no disponde de calefacción», según resaltaron. Otro dato referente a estos tres herrialdes que completa la fotografía de la pobreza es que las solicitudes a Cáritas y al Banco de Alimentos han aumentado un 40% y «a día de hoy, 35.000 personas se alimentan gracias a estas instituciones».

Tras demandar más dotación de recursos humanos y materiales, los colectivos contra la exclusión denunciaron que la CAV «se encuentra a la cola en protección social», un 18,9% del PIB, frente al 20,8% del Estado español y el 27,2% de la UE.