El 28 de agosto de 2008, quince personas realizaron una sentada pacífica con el objeto de paralizar momentáneamente las obras del TAV en la localidad vizcaina de Zaratamo. Mientras tanto, otro grupo desplegaba una pancarta que protestaba contra la construcción de la citada infraestructura. El acto terminó con la intervención de la Ertzaintza, que procedió a identificar a los participantes. Hasta ahí, los hechos se sucedían dentro de los márgenes de lo habitual en este tipo de concentraciones. La sorpresa llegaría cuando la Ertzantza decidió remitir el atestado a la Audiencia Nacional española, tras calificar la protesta como un acto de «terrorismo».

Los implicados recibieron la noticia con una mezcla de indignación y preocupación: a pesar de lo desacabellado de la iniciativa policial, el carácter político del mencionado tribunal no permitía descartar a priori una admisión a trámite que, finalmente, no se produjo. Ayer, un año más tarde, el caso se sometía a juicio en la Audiencia de Bizkaia. El fiscal pide 150 euros de multa por una falta de desobediencia leve, que incluso podría llegar a desestimarse puesto que los implicados nunca se negaron a identificarse. Queda así en evidencia la intencionalidad política de los responsables del cuerpo policial, que pretendían encerrar en prisión a quienes solamente ejercían su derecho legítimo a expresar su opinión.