Juanjo BASTERRA

La vigilancia de la salud de los trabajadores está en entredicho. Muchas empresas no la aplican, otras lo hacen sin condiciones adecuadas y a otras, si los juzgados o la administración pública no se lo requieren directamente, ni se mueven.

La realidad es que la vida y la salud de los trabajadores está poco valorada, a pesar de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales data de noviembre de 1995, aunque entró en vigor en febrero de 1996. Estos días atrás CCOO de Euskadi ha denunciado a servicios de prevención privados, como Malga, «por utilizar personal médico, locales y equipos no autorizados para la realización de reconocimientos médicos o no asesorar en la adopción de medidas preventivas tras bajas prolongadas por enfermedad profesional».

La central sindical anima en la nota de prensa a las empresas sancionadas «a demandar a los servicio de prevención, por un asesoramiento `chapucero', que podía haber evitado los daños a la salud a los trabajadores y sanciones a la empresa».

CCOO Euskadi ha constatado que son cada vez más las pequeñas empresas que se encuentran en una situación económica «delicada», a consecuencia del «chapucero asesoramiento de algunos servicios de prevención ajenos, al no proponer medidas preventivas, después de las continuas y prolongadas bajas por enfermedad profesional de algunos trabajadores».

Varios casos

Pone el ejemplo de un trabajador con lesiones músculo-esqueléticas, derivando después en varias operaciones quirúrgicas y dando lugar a una «grave lesión incapacitante». O el de una marmolería vizcaína donde la información preventiva ofrecida era nula, así como una precaria vigilancia de la salud, al ignorar y no informar del riesgo de los empleados a trabajar con una determinada sustancia, que ha acabado con el 55% de la plantilla afectada por silicosis.

A juicio del sindicato, «el perjuicio que genera esta forma chapucera y muchas veces ilegal de actuar, afecta además de a los trabajadores, a las propias pequeñas empresas, obligadas a asumir las multas y recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad, así como el daño a su imagen pública».

CCOO anima a los empresarios afectados a reclamar por incumplimiento mercantil del asesoramiento preventivo contratado con los servicios de prevención ajena, para que se hagan cargo de los costes por los daños de accidente o enfermedad profesional. El sindicato además insta a los delegados de prevención «a hacer valer sus derechos de participación y consulta» para contratar esos equipos preventivos que, en teoría, deberían de apoyar la calidad preventiva».

Expediente sancionador

CCOO apunta de forma directa al servicio de prevención Malga «con oficinas en Barakaldo, Donostia, Madrid, Gijón... y una clientela mayoritariamente de pequeñas empresas. Está implicado en algunas de esas prácticas, habiéndose iniciado expediente sancionador por Sanidad tanto vasca como cántabra, por realizar reconocimientos médicos con personal y lugares no autorizados, la falta de objetividad en la estimación de los riesgos de los puestos de trabajo y un largo sinfín de causas que han incumplido de forma directa», según la denuncia sindical.

En este caso, Jesús Uzkudun, responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, ha instado en numerosas ocasiones a la autoridades laborales y sanitarias a controlar la calidad del asesoramiento de los servicios de prevención para mejorar la calidad preventiva en las empresas, y sin embargo «siguen sin actuar, salvo denuncia sindical».

Este tipo de prácticas de algunos servicios de prevención «les ha llevado a caer en su propia trampa», como indica CCOO de Euskadi, porque «reducen su actividad preventiva a rellenar meros papeles, sin planes para reducir la siniestralidad o enfermedades laborales, lo que ha supuesto que las empresas ahorren costes, reduciendo o eliminando el presupuesto a pagar al servicio de prevención, lo que ha puesto a los servicios de prevención «al borde del cierre o a establecer expedientes de regulación de empleo, debido a que han generado una inactividad que las pyme no están dispuestas a pagar por no hacer nada», precisa el informe.