Ante la falta de recursos económicos para resolver los desajustes que la economía real tiene y que, por tanto, afecta a los ciudadanos, los gobiernos y los partidos políticos se han enfrascado en una pelea dialéctica sobre si es mejor subir el IRPF, aumentar el IVA o elevar la tarifa que pagan las rentas de capital, que lo hacen por debajo de las rentas de trabajo, o si, en realidad, hay que retirar la deducción de los 400 euros. Sin embargo, no se ve ninguna actuación concreta para terminar con el fraude fiscal en toda su extensión, que permitiría aflorar una enorme cantidad de dinero que sí serviría para tomar actuaciones concretas en favor de la política social en este momento de destrucción de empleo y aumento de la pobreza.

En Hego Euskal Herria se impagan de manera premeditada en torno a los 8.000 millones de euros anuales. Es un cálculo aproximado y muy prudente del nivel de defraudación, pero es más de la mitad de los presupuestos conjuntos de los gobiernos de Iruñea y de Gasteiz. Lo que está claro es que hay recursos económicos, lo que no existe es voluntad política para actuar frente a la élite económica para que contribuya, porque está demostrado, por otro lado, que no pasa por ventanilla, además de verse favorecida por las actuaciones en su favor por parte de las haciendas forales.

Entre el 20% y el 25%

Según los últimos datos, el fraude fiscal en el Estado español está entre el 20% y el 25% del PIB. Suma en torno a 70.000 millones anuales, según concreta el presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado español, José María Peláez. En el ámbito vasco se calcula que su peso es algo inferior, mientras que en la Unión Europea varía entre los 200.000 millones y los 250.000 millones anuales. Hay que reconocer, sin embargo que cada año aflora sólo entre un 6% y un 10% del dinero defraudado. No es significativo, pero permite a las administraciones tributarias decir que hacen algo en esta materia que, por sus resultados, tiene un mínimo impacto.

Hay que tener en cuenta que la legislación tributaria fija una prescripción fiscal en cuatro años, es decir se pierden en torno a 32.000 millones en Hego Euskal Herria o 280.000 euros si nos referimos a las cuentas del Estado español y un billón de euros en la UE. Existe una sangría fiscal consentida por las administraciones públicas, las mismas que nos están diciendo que no tienen financiación para llevar adelante acciones de tipo social, aunque no ha habido límite para inyecciones económicas a los especuladores financieros y quienes manejan el sistema financiero. En este sentido, hay que recordar, como lo hace Eric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), en su informe «La gran transformación de los años ochenta hasta la crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte», que tanto en la UE como en Estados Unidos la tasa de los beneficios empresariales «ha aumentado de forma progresiva desde mitad de los años ochenta» y, sin embargo, el peso de los impuestos de la élite económica «se ha reducido».

En Hego Euskal Herria se sabe que un trabajador declara en el IRPF unos ingresos mayores en 8.000 euros al año que un empresario, lo que es ilógico, pero marca la realidad del fraude, que es invisible para la Administración tributaria.

6.000 millones sin mover casi nada

La urgencia del momento actual es posible que impida adoptar ahora mismo medidas urgentes contra el fraude fiscal, aunque ni los gobiernos ni las haciendas lo han hecho durante los últimos 25 años. Sí que se pueden tomar medidas directas.

La primera, fijar una presión fiscal similar a la europea, es decir pasar del 33,4% al 39,8%, lo que permitiría obtener 4.500 millones más al año. Se podría reimplantar el Impuesto de Patrimonio, que mejoraría las arcas en otros casi 400 millones; aplicar de forma real la progresividad del IRPF y que las rentas de capital tributen no el 18%, más bajo que la tarifa mínima de los trabajadores, sino como empresas y acabar con sociedades y fondos especulativos. Estamos hablando de que habría otros 6.000 millones más en las arcas públicas vascas, justo cuando se ha conocido que el desplome de la recaudación en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa alcanzó en agosto los 2.059 millones.

Grandes fortunas, al margen

Un dato muy importante que indican los Inspectores de Hacienda del Estado español es que los patrimonios empresariales de las grandes fortunas, «la casi totalidad de la carga fiscal viene determinada casi exclusivamente por la tributación de las sociedades controladas por el Impuesto de Sociedades y por la tributación de dividendos e intereses derivados de esa actividad en el IRPF». Es decir, en las haciendas forales vascas sólo tributan por el Impuesto de Sociedades la mitad de las empresas y no lo hacen a un 28% sino al 17,1% real, y los dividendos cotizan al 18%, mientras que las rentas de los trabajadores lo hacen al 23%.

Hay, sin embargo, otras tres fórmulas para pagar menos impuestos, que la élite económica y empresarial utiliza de manera activa: Las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) tienen un tipo de tributación del 1%; Las sociedades y fondos de capital riesgos, cuyas plusvalías obtenidas por enajenación de participaciones, con algunos requisitos temporales y de transmisión, están bonificadas al 99%; y las entidades de tenencia de valores extranjeros, que están exentas de tributación en dividendos y plusvalías de fuente extranjera, no procedentes de paraísos fiscales. Estas ventajas las utilizan los no residentes, aunque «la ingeniería fiscal permite unir procesos».

A todo esto deberíamos de añadir la evasión fiscal en paraísos fiscales. Así se demuestra que hay suficiente dinero en circulación, pero está en pocas manos y no tributa como lo hacen los trabajadores. Sin embargo, los gobiernos están valorando la posibilidad de repercutir la subida del IVA, que afecta a todos los trabajadores y perjudica a quienes menos ingresos tienen.