La búsqueda de un pacto para «construir y asegurar la unidad de todos los demócratas en contra de la violencia» -como pidió Iñigo Urkullu-, en el que «se fije una posición muy clara, contundente y unitaria» -como deseó Rodolfo Ares- y que además aúne las posiciones del Ministerio del Interior, cuente con el aval de Sabin Etxea y contente al PP es una tarea que consume muchas energías al conjunto de implicados. Por lo tanto, sólo cabe iniciarla si el objetivo final está a la altura del esfuerzo titánico que requiere y de las contradicciones que puede generar en cada grupo político.

El Pacto de Madrid, firmado en el Congreso el 1 de diciembre de 1987 por PSOE, AP, CDS, CiU, PDP, PL, PCE y EE, fue la antesala del Acuerdo de Ajuria Enea y del Pacto de Iruñea, suscritos meses antes del inicio de las Conversaciones de Argel. Aquella unión sirvió de colchón al Gobierno español tanto para hablar con ETA como para la posterior fase de castigo al conjunto de la izquierda abertzale una vez rotas las negociaciones.

El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que casó a PSOE y PP en diciembre de 2000 fue la respuesta de Estado al Acuerdo de Lizarra-Garazi, puesta en marcha cuando la unidad abertzale ya se había roto y el unionismo se recuperaba del susto pasado y decidía iniciar su propia ofensiva para aniquilar a la izquierda independentista y relevar al PNV del poder autonómico.

El proceso negociador 2005-2007 se desarrolló sin que ni el independentismo vasco hubiera consolidado suficientemente una base común -la multitudinaria y plural manifestación del 1 de abril de 2006 convocada por el Foro de Debate Nacional fue un bello espejismo-, ni el Gobierno español hubiera buscado siquiera un pacto de no agresión con el principal partido de la oposición. Zapatero se conformó con el seguidismo fiel del resto de partidos, incluido aquí el PNV. Y tras la ruptura de la tregua, el Ejecutivo español y el PSOE siguieron prefiriendo un esquema de adhesión a su práctica que la búsqueda de un consenso negociado, fuera éste el que fuera.

¿Qué ha cambiado ahora para que en Nafarroa Miguel Sanz pretenda presentarse como catalizador de «un gran pacto político y social en favor de la libertad, la convivencia y la democracia» y en el triángulo Sabin Etxea-Lakua-Madrid se trabaje también por un acuerdo de «los demócratas contra los violentos»? Si atendemos al discurso oficial, no hay razones objetivas para ello. Tanto el Ministerio del Interior como la Consejería autonómica del ramo insisten, una y otra vez, en que ETA está más débil que nunca, abocada a una fase terminal, y en que la izquierda abertzale apenas es capaz de urdir maniobras de distracción que son fácilmente desmontables y que, además, se va acabando con los espacios de impunidad. Si esas condiciones fueran ciertas, «los demócratas» no necesitarían ningún pacto, tan sólo una fila de butacas (como en el cine) para ver pasar ante sí el cadáver político de «los violentos y quienes les amparan y justifican».

Se ha aludido también, como argumento para justificar este nuevo pacto, a la necesidad de evitar enfrentamientos como los que se produjeron tras la muerte del jefe policial Eduardo Puelles entre el Gobierno de Lakua (o el PSOE) y el PNV. Sin embargo, es preciso recordar que aquella disputa fue meramente coyuntural y no estuvo provocada por diferencias de fondo en la «estrategia antiterrorista», sino porque el nuevo Ejecutivo de Patxi López y sus apoyos mediáticos trataron de hacer ver que se abría una nueva fase en la respuesta pública a los atentados de ETA, lanzando el mensaje añadido de que el Gabinete anterior, el de Ibarretxe, no hacía lo suficiente. Algo que, como es lógico, enfadó, y mucho, a los dirigentes jeltzales.

Pero aquello acabó diluyéndose, y tras el atentado de Burgos y los de Mallorca el coro de «los demócratas» volvió a sonar al unísono, sin que nadie desafinara. Sólo unas palabras posteriores del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre que ninguna fuerza de la izquierda abertzale sería legalizara aunque hiciera un «desmarque-trampa» de ETA dieron lu- gar a algún debate colateral entre el PSOE y el PNV.

Por otra parte, el intento de Miguel Sanz y el PSN de pretender justificar un pacto de tanto calado en base al histriónico episodio del txupinazo de Berriozar no aguanta el paso por el cedazo del sentido común.

Al margen de las contradicciones que al discurso del Gobierno le han podido generar los atentados de Burgos y Mallorca, lo cierto es que en esta legislatura la «política antiterrorista» no ha sido motivo de enfrentamiento entre partidos, y tanto PSOE y PP como el propio PNV vivían en este terreno en una situación de gran placidez. Si todos ellos, o al menos PSOE y PNV, están dispuestos a abordar un cambio de estrategia que a buen seguro les generará roces dentro y fuera de sus respectivos partidos, sólo puede ser porque prevén que el objetivo de su pacto, es decir, la izquierda abertzale, también está abordando con seriedad un debate a la búsqueda de lo que ha venido a definir como «una estrategia eficaz».

Pese a las muchas intoxicaciones que pueden escucharse, o leerse, sobre los movimientos en la izquierda abertzale y a las declaraciones que se hacen desde instancias gubernamentales-las últimas las de Rodolfo Ares sobre quién tiene agallas y quién no-, lo cierto es que parece que tanto el PSOE como el PNV se han tomado esta cuestión en serio y están dispuestos a abordar conjuntamente los desafíos que presente el independentismo vasco en los próximos meses. Un movimiento esclarecedor tanto en el fondo como en la forma.