Un tribunal anula la licencia municipal de apertura de una discoteca en el centro de Bilbo
La asociación vecinal Abandozarra instó ayer al Consistorio bilbaino a que clausure la discoteca Caney, en la calle General Concha número 9, después de que el TSJPV haya anulado la licencia de apertura concedida.
A.GOIKOETXEA
Tras seis años de pleitos en los tribunales, con el consiguiente desembolso económico, la asociación vecinal Abandozarra ha logrado que los jueces atiendan sus argumentos y anulen la licencia municipal de apertura de una discoteca en la calle General Concha número 9. Tan dilatado ha sido el proceso judicial que el establecimiento en cuestión ha tenido tres denominaciones: Descendere, Warhol y Caney.
A raíz del fallo en última instancia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) al recurso de apelación presentado por los vecinos afectados, Yolanda Gurrutxaga, portavoz de Abandozarra, subrayó que la resolución es firme, por lo que no cabe recurso alguno por parte del Ayuntamiento de Bilbo, «y es hora de que sus responsables procedan al cierre del local».
«Durante todos estos años nos hemos dejado la salud, ha habido daños estructurales en el edificio y sobre todo daños morales a los vecinos, algunos de los cuales -incidió- no han podido regresar a su casas y otros están en tratamiento médico por las intimidaciones, agresiones verbales, ruidos, escándalos, peleas e inseguridad».
Estiman que «nadie nos puede devolver la paz que nos han quitado durante estos años» y por ello, exigen que se ejecute el cierre definitivo, ya que el TSJPV «deja bien claro que no cumple con la normativa urbanística». Para la asociación Abandozarra, el Consistorio bilbaino debe velar por la ciudadanía «y esta discoteca ha sido un foco de peligrosidad e inseguridad».
Los vecinos del área delimitada por las calles Iparragirre, Hurtado de Amezaga, Bertendona y Rodríguez Arias llevan años denunciando «la degradación de la vida urbana» en esta zona del centro de la capital vizcaina, incidiendo en la «permisividad» con la que actúan los responsables municipales a la hora de otorgar licencias de apertura de establecimientos hosteleros. Los afectados denuncian que «se multan a los locales y no se hace nada más».