VVale. Lo reconozco. Me gusta Karlos Arguiñano. Me parece un gran comunicador y así, con esa ingenuidad aparente, de la misma forma que desgrana guisantes va desgranando temas que en la televisión son intocables: la monarquía, la jerarquía eclesiástica, los banqueros... Cierto es también que su continua alusión a «aquí en España» me hace chirriar los oídos, pero en fin, trabajar para Telecinco tendrá algún peaje. El otro día tocó una cuestión que se está convirtiendo en tema tabú: los presos. Se refería a quienes han hecho algo desviado, «algo malo», pero que viven en condiciones penosas. «Tengo que hacer algo con este tema», apuntó antes de continuar picando cebolla.

Cuando andábamos en la universidad, nos enseñaban en Derecho penal a calcular los años de las condenas: delitos continuados, concurso de delitos, antecedentes, agravantes... por una tontería la suma nos salía cientos de años. La profesora nos reprendía: si fuera por vosotros, por un hurto cadena perpetua. Parece que los jueces actuales, y en concreto los que se colocan las gafas de lejos ante el contexto vasco, deberían repetir segundo de carrera. Su visión de lo delictivo y lo que no lo es y la forma de computar años de cárcel se basa más en la aritmética -redondeando al alza- que en la lógica y proporcionalidad. Pero para los demócratas de toda la vida su decisión merece todo el respeto. Se impone el «acatamos la decisión de los tribunales, como no podía ser de otra manera». Como la oposición a esa forma de interpretar e impartir justicia debe vehiculizarse «por los cauces del estado de derecho», si no estás de acuerdo, maldito abogado antisistema, interpón recurso y calla.

Los hemos interpuesto, pero no nos hemos callado. Un nutrido grupo de abogados, algunos de fuera de nuestras fronteras, nos hemos pasado años diciendo que estos tribunales tienen poco que ver con la justicia y mucho con la venganza política. Hemos denunciado que, con su forma de interpretar los delitos y de computar las penas, han llenado las cárceles de presos de forma absolutamente arbitraria. Que estas instituciones funcionan como laboratorios de reprogramación política más que como establecimientos de reintegración social -hecho imposible si la persona estaba ya integrada en su sociedad-. Así, ante estos tribunales, los abogados nos hemos acostumbrado a ganar juicios, pero a perder sentencias. Porque teníamos argumentos, pero la sentencia se había escrito antes de escucharlos.

Sin embargo, el otro día asistimos a un hecho histórico: con eso del cambio político en vascongadas, el discurso con respecto a los tribunales también cambia. Ahora resulta que, según el consejero de policía, el que ha hecho de la persecución de fotos el buque insignia de su armada, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco comete «una tremenda equivocación». Nada de respeto institucional ni zarandajas: no tienen ni puta idea. Cuando se pone en solfa la campaña sacrosanta por la «deslegitimación de la violencia», Rodolfo Ares se convierte en un antisistema. Y como la resolución no permite recurso, cambia de registro e invoca a un tribunal excepcional, es decir, asimismo antisistema: la Audiencia Nacional. En definitiva, como el tribunal con sede en la ciudad donde ha ejercido de concejal durante tantos años no vale para juzgar las cosas que aquí suceden, prefiere marcharse a Madrid para ver si desde allí, con catalejos, los de las togas y puñetas ven las cosas con más claridad. Es que los de aquí no se enteran.

La cuestión no será ya portar o no fotografías, sino avanzando terreno, el problema son los sentimientos que les mueve a quienes las portan. Ya han dicho que los familiares de presos dan asco, merecen su «desprecio y rechazo». Ya no esconden su interpretación de la justicia, que es válida mientras sacie su sed de venganza y hacen apología de la ley del Talión: «Los familiares de sus víctimas han de hacer las visitas en el cementerio». ¿Qué reclaman, la misma solución? ¿Pena de muerte? Ya la han practicado en tantas ocasiones... Y en el caso de Jon Anza, ¿nos pueden aclarar dónde podemos llorarle?

Ahora, además de protestar por la dispersión, parece que Etxerat comete el pecado original de reclamar el estatus político de los presos. Y, claro, hacer una valoración en clave política no está permitido en democracia. Todo el mundo lo sabe. No, no es tiempo de ser sarcástico. Falla uno de los terminales: o no funciona la bombilla o es culpa del enchufe. O está permitido hacer una interpretación política o no es democracia. No existen escalas intermedias. El problema reside, pues, en tolerar o no ciertos valores que restan legitimidad a un sistema falto de ella. Cuando se carece de autoridad y se pretende restablecerla a base de represión, de persecución, el sistema torna en autoritario. Así, enfrentan el problema en tres saltos.

Prohíben la protesta: para ejercerla tienes que tener un currículum impoluto, debes rellenar quince formularios, debes jurar y prometer que el objetivo de la protesta es uno y no será otro, has de responsabilizarte de que quien participe lo entienda así, tienes que asumir humillantes condiciones administrativas y restricciones judiciales... si cumples con todo, podrás salir a la calle, bajo vigilancia policial asfixiante. Recordemos que el objetivo era simplemente reclamar la vigencia de ciertos derechos o protestar porque otros eran pisoteados.

Ilegalizan la solidaridad: el concepto se refiere a la acción de mostrarse conforme con las motivaciones o la actitud de otros. Sacar la cara a un familiar o amigo preso, en términos de solidaridad política, está a día de hoy en suspenso, a esperas de lo que den de sí las actuaciones que se incoarán contra Etxerat. La simple valoración en términos políticos de la «política» penitenciaria -qué contradicción- conlleva estar fuera del ordenamiento español, la subversión del orden constitucional.

Convierten la acción solidaria en acción terrorista. Porque la otra característica del concepto de solidaridad es la de estar dispuesto a asumir las consecuencias de esa adhesión hacia otros. La noción está relacionada con el término «sólido» en el sentido de contraer compromisos «in solidum». Precisamente así lo entendían 21 compañeros de Gestoras-Askatasuna que esperan la decisión del Tribunal Supremo por integración en organización terrorista. Su delito era y es asegurar que «ningún represaliado político en este país camine solo». Una llamada a la acción, a asumir responsabilidades, a avanzar en un horizonte: la amnistía, entendida como la superación de las circunstancias políticas que motivaron la existencia de presos y su excarcelación. Les castigarán, pero no podrán fiscalizar su motivación política. Los magistrados sumarán los años de condena como nosotros en segundo de carrera. Cuestión de aritmética, no de lógica.

Y entonces, los compañeros de Gestoras-Askatasuna junto con un sector enorme de esta sociedad, pensarán que el tribunal de Madrid «cometerá una tremenda equivocación». Pero a diferencia de Ares, no podrán cambiar de registro y acudir a un tribunal de aquí, quizá más sensible con ciertas cuestiones, que pudiera apreciar los hechos de otra manera. Y no se juegan una miserable campaña propagandística, precisamente.

Arguiñano ponía en la misma frase dos conceptos: «hacer algo» y «presos». Ya tuviste que dar cuentas a un tribunal de Madrid en otra ocasión. Cuídate.