La mayoría sindical rechaza que se subvencionen los contratos precarios
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU consideran un «escándalo» que la mesa de diálogo social, impulsada por el Gobierno de Patxi López, haya decidido subvencionar con 1.500 euros al mes a los empresarios por realizar contratos precarios a 7.000 desempleados vascos. Exigen como alternativa más gasto social para apoyar a quienes se encuentran en paro y en la miseria y, a la vez, solicitan que se contrate empleo de calidad en los servicios públicos.
Juanjo BASTERRA |
La mayoría sindical vasca, compuesta por ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU, considera un «escándalo» que el Gobierno de Lakua otorgue una subvención de 1.500 euros al mes a las empresas que contraten a trabajadores desempleados durante seis meses, como figura en el plan anticrisis de Patxi López y que después ha sido ratificado en mesa de diálogo social, formada por la patronal, CCOO y UGT y Lakua.
El acuerdo establece una dotación de 63 millones para la contratación de 7.000 personas, que se encuentran en el desempleo y que, en principio, no tienen prestación económica. Esa cantidad es similar a otra que figura en el plan de apoyo directo a las empresas.
Bea Martxueta, secretaria de Política Social de LAB, criticó con dureza la medida «porque la contratación de esas personas les va a salir gratis a los empresarios, sin que tengan que realizar ningún esfuerzo», y denunció que «esta subvención se abre a las empresas privadas, con la genérica condición de que la actividad que vayan a desarrollar sea calificada por el ayuntamiento correspondiente como de interés general o utilidad social». Martxueta puntualizó que la mayoría sindical vasca entiende que esa actividad social debe ser cubierta «por la Administración pública» y, a la vez, lamenta que «si nos encontramos ante empleos necesarios, deberían tener una cobertura permanente». Por lo que la responsable de LAB en política social se preguntó «¿qué pasa, que son empleos necesarios seis meses y luego prescindibles?».
Mikel Noval, secretario de política Social de ELA, señaló que en un principio fue Patxi López quien encaminó esa medida hacia los ayuntamientos de la CAV, aunque después en la mesa de diálogo social se extendió a las empresas privadas. «Se subvencionan puestos temporales con dinero público, sin ningún futuro de estabilidad. No se persigue la continuidad en el trabajo de las personas así contratadas. No se generan empleos de calidad ni estables». Es por ello que Noval dijo que la contradicción de los firmantes del acuerdo es claro, porque «se hace una apuesta por la temporalidad. La duración máxima real de los contratos será de seis meses. El plan permite subvencionar la contratación para el mismo empleo de dos personas en un año». Por lo que se preguntó si «alguien cree que se va a contratar por un período superior».
El representante de ELA además censuró que «la Administración que debería luchar contra el fraude en la contratación, es lo que está impulsando al introducir incentivos a la contratación temporal ilegal. De esta manera se agravará el diferencial de temporalidad con la Unión Europea».
UGT-Euskadi contestó ayer a la mayoría sindical vasca que «dignificar con empleo a 7.000 parados no se puede calificar de escándalo» y pidió que se aporten «soluciones reales». CCOO de Euskadi calificó de «inaudito» y «patético» que «algunos sindicatos deslegitimen la transferencia de fondos públicos para quienes menos tienen», por lo que lamentó «la demagogia que despliegan».
La mayoría sindical vasca ha aportado sus soluciones a la situación actual de crisis económica. Están recogidas en el decálogo que presentaron hace tres semanas. Ayer recordaron que critican las medidas acordadas por el Gobierno de Patxi López, Confebask, SEA, Adegi y Cebek y CCOO y UGT por su intención de mantener la precariedad laboral y, a la vez, presentaron algunas de las alternativas para actuar ante la crisis.
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU pidieron que «no se ponga en marcha ese plan», al que ayer dio el visto bueno el Parlamento, pero animaron a «la aplicación de alternativas reales encaminadas al aumento de la protección social y a un mejora de los servicios públicos y del empleo en los mismos». Para la mayoría sindical, «es necesario un cambio de rumbo de la política social» y considera que para ello «no sólo hay que destinar 63 millones, sino muchos más para gasto social».
Es por ello, que las seis centrales que integran la mayoría sindical reclaman que «ninguna persona se quede sin protección por desempleo». También reclaman un salario social por encima del umbral de la pobreza. En este caso exigen «garantizar la renta de garantía de ingresos a toda la gente a la que la crisis le ha dejado en la cuneta, así como un complemento de vivienda digno y recursos suficientes para cubrir las peticiones de ayudas de emergencia social».
Junto a esta intervención, ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, HIRU y EHNE reclaman «mejora de los servicios públicos y aumento del empleo en los mismos, tanto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales con empleo de calidad, digno y estable». J. B.
