Si Paco Larrañaga estuviera condenado por quemar dos cajeros automáticos en Donostia, y no por secuestrar, violar y matar a dos jóvenes hermanas en Filipinas, ciertos medios de comunicación que le han convertido en víctima de un sistema judicial imperfecto nos lo presentarían como un peligroso ser violento puesto a buen recaudo por unos magistrados perfectos.

Si Paco Larrañaga fuese un portavoz de la izquierda abertzale encarcelado por dar una rueda de prensa, sus familiares no serían aplaudidos por cargos públicos como, por ejemplo, Rafaela Romero (PSE) o Markel Olano (PNV). Seguramente, el Gobierno de Lakua, que lidera el partido al que pertenece la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, habría mandado a la Ertzaintza a coser a hostias a esos mismos familiares. Al parecer, los allegados de Marijoy y Jacqueline Chiong, muertas a los 19 y 21 años respectivamente, no entran en ese capítulo de «víctimas» con el que a tantos se les llena la boca y, por tanto, nadie les pregunta si se sienten «humillados».

Si Paco Larrañaga fuera un militante de ETA condenado por la muerte de dos guardias civiles, los políticos que han removido cielo y tierra por traerlo a la cárcel de Martutene -como por ejemplo el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz, quien habla de las «infrahumanas» condiciones de las cárceles filipinas- habrían puesto tanto o más empeño en encerrarlo lo más lejos posible de su casa, para que sus allegados tengan que recorrer en coche miles de kilómetros al año, con el riesgo de perder la vida en el asfalto.

Es cuanto menos motivo de alivio que una persona, sea cual sea su apellido y sus orígenes, escape del corredor de la muerte. Sobre sus alegatos de inocencia, él sabrá si cometió o no los hechos por los que fue condenado. Como es lógico, los familiares del preso han peleado lo indecible y han llamado a todas las puertas, con la fortuna en este caso de que se las han abierto. Para ellos mi respeto, para los políticos y los medios mi más sincero desprecio.