El Estado español vuelve a responder con detenciones de representantes políticos a las ofertas de solución. En un momento en que los propios medios españoles anunciaban próximos movimientos de la izquierda abertzale, la Audiencia Nacional mandó ayer a la Policía española a detener a una decena de representantes. No se les imputaría más delito que conformar lo que agencias definieron como «nuevo comité directivo de Batasuna». Es la misma acusación con la que se acometió la redada de Segura hace justo dos años.

Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi Etxeberria, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez salieron esposados de la sede central de LAB, en la capital guipuzcoana. Eran las 21.05 cuando lo hicieron, quizás con la intención de entrar en directo en los telediarios. Pero los gritos que reclamaban democracia para Euskal Herria o aseguraban que «borroka da bide bakarra» también se hicieron eco en los noticiarios.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y Arnaldo Otegi entró en el coche policial sereno y sonriente. Así agradeció el apoyo de las personas que se habían congregado allí.

Los arrestos, en realidad, se produjeron horas antes, concretamente a las 18.3o, cuando los agentes de la Policía española irrumpieron en la sede de LAB. Todos los trabajadores del sindicato fueron identificados, puestos contra la pared y retenidos durante horas en una misma habitación. Entre ellos estaba Rafa Díez Usabiaga. Luego la Policía española cambió de parecer y lo trasladó a la habitación en la que mantenía detenidos a Jacinto, Otegi, Etxeberria y Rodríguez.

Los nervios y la emoción fueron la tónica de las siguientes horas. Familiares y amigos se fueron agolpando a las puertas de la sede. Especialmente emotiva fue la salida de Sonia Jacinto, que con motivo del registro de su vehículo pudo estar a tan sólo diez metros de sus seres queridos, que le detallaban que sus hijos de corta edad se encontraban bien y que le mandaban besos.

Otros cinco fuera

La noticia de los arrestos se fue expandiendo y muchos ciudadanos fueron a mostrar su enfado por los arrestos y las solidaridad con los detenidos. Alrede- dor de las 20.00 llegaron las primeras noticias del interior. Los trabajadores que estaban retenidos pudieron salir y confirmar así las identidades de los que se encontraban detenidos.

Pero, mientras, la cifra crecía en el exterior del barrio donostiarra de Igara. El primer arresto que se conoció fue el de Mañel Serra en Hernani. Los uniformados lo arrestaron cuando se dirigía a la ikastola Langile de la localidad, adonde iba a recoger a su hija.

La joven navarra Miren Zabaleta fue otra de las arrestadas, sin que se supiera exactamente dónde fue interceptada. Otro tanto ocurre con la joven de Urnieta Amaia Esnal. El navarro Txelui Moreno engordó la lista.

La décima detención se produjo en la irrupción de la casa de Zabaleta, en la calle Jarauta de Alde Zaharra de Iruñea. Según la versión difundida por el Ministerio de Interior español, Ainara Oiz fue detenida «portando documentos y efectos extraídos del domicilio».

Para sorpresa de todos, antes de que la propia Policía española colocara su dispositivo ya había alguna que otra cámara enfocando a la entrada de la sede de LAB. Al parecer, algunos medios habían sido citados para las 18.00.

Decenas de agentes españoles, de paisano o uniformados y pertechados con material antidisturbio y escudos taparon la entrada e identificaron a varios allegados de los detenidos. Como ejemplo, un agente encapuchado intentó intimidar a la hermana de uno de ellos llamándola por su nombre.

Pasadas las 20.00 también se personó en los alrededores de la sede el letrado Iñigo Iruin, que tras debatir con los agentes que custodiaban la sede consiguió entrar en ella.

En torno a las 21.30, después de trasladar a los cinco arrestados, los agentes de la Policía española recogieron su dispositivo y se dispusieron a marcharse entre gritos de desprecio. Nada más desaparecer el último furgón policial todos los trabajadores volvieron a su lugar de trabajo. Hoy se reunirá la Ejecutiva de LAB para valorar esta irrupción policial, aunque nada más conocer la noticia su secretaria general, Ainhoa Etxaide, se personó en la sede y ante los medios denunció lo ocurrido.

Etxaide explicó que la Policía les había comunicado que no era una operación contra el sindicato. Pero por encima de ello resaltó la gravedad de la operación policial y acusó al Estado español, a través del juez Garzón, de «irrumpir en el mapa político de Euskal Herria, sobre todo, cuando en este mapa están a punto de verse cosas nuevas».

Intensos seguimientos previos

A la espera del auto en que Garzón deberá concretar sus imputaciones, el dato político más relevante de la intención de esta redada son las declaraciones hechas por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el mes de agosto. Ante las afirmaciones de dirigentes independentistas de que harían una oferta política en otoño, Rubalcaba aseguró lo siguiente: «La respuesta va a ser radicalmente no. Esta es una farsa que dirige ETA y los tribunales ya han demostrado que ETA y Batasuna son lo mismo».

Lo que sí anticiparon ya ayer las agencias son los preparativos de la operación policial. Las FSE se jactan de haber realizado un amplísimo espionaje sobre los movimientos de los detenidos. Dicen que vigilaban las entradas y salidas de la sede de LAB desde el mes de febrero, que detectaron viajes de Arnaldo Otegi al otro lado de la frontera, que cambiaba varias veces de coche... Nada de esto, evidentemente, habrá supuesto ninguna novedad para los detenidos.

La operación fue precedida de diversas filtraciones periodísticas que trataban de vender la idea falsa de que la izquierda abertzale no iba a apostar por las vías políticas. ``El País'', por ejemplo, tituló el domingo: «ETA frena las iniciativas de Arnaldo Otegi».

Al filo de la medianoche, los detenidos estaban en las respectivas comisarías de la Policía española, a la espera de ser trasladados a Madrid en un momento todavía sin precisar, mientras se sucedían las reacciones en el ámbito político.