Frente a la versión del Ministerio del Interior que copó buena parte de las páginas de periódico de la víspera, la verdad sobre la actividad de los detenidos empieza a abrirse paso, sembrando dudas muy razonables sobre las verdaderas intenciones del Gobierno español al ordenar esta redada contra quienes ya se da por hecho que «defendían una estrategia sólo por vías política».

La versión de que los detenidos intentaban constituir una nueva Mesa Nacional de Batasuna siguiendo las directrices de ETA hace aguas para una parte sustancial de la prensa vasca, que comienza a reconocer que el trabajo de las víctimas de esta redada iba por otros derroteros.

En «El Diario Vasco» podía encontrarse un llamativo titular -por su tamaño- en el que se leía «iniciativa interrumpida» y se explicaba que «la izquierda abertzale trabajaba por impulsar un nuevo proyecto soberanista `con nuevas premisas'». Y en los editoriales de los «Diario de Noticias» se daba por hecho que «el ministro Rubalcaba sabe, o debería saber, que ninguno de los detenidos el martes tenía intención de recomponer la Mesa Nacional de Batasuna. Sabe, o debería saber, que los detenidos, precisamente ellos, estaban dispuestos a poner en marcha una iniciativa estrictamente política y que procuraban blindarla de la dependencia de ETA -escepticismos aparte- precisamente para evitar su desestabilización. Al ministro Rubalcaba, un político veterano y bien informado, le tenía que constar que esta iniciativa cuenta con el apoyo efectivo de notorios mediadores internacionales». (Llamativamen- te, «Deia», periódico del mismo grupo, tenía un editorial distinto en consonancia con el grosero titular de la víspera: «El Estado español jubila a la vieja guardia de Batasuna tras constatar su fracaso ante ETA»).

También «Público», tan cercano al zapaterismo, destacaba ayer que «Otegi y Díez Usabiaga defendían una estrategia sólo por vías políticas» y apostillaba que «dirigentes no nacionalistas han reconocido su labor los últimos meses».

Con estas premisas, hasta «El Periódico de Catalunya» se cuestionaba «si la operación decidida por Garzón tiene suficiente solidez como para prosperar». Pero la pregunta clave a estas alturas es ya por qué se ordena esta redada. «El Correo» ofrece una de arena y otra de cal en dos comentarios firmados por quienes antaño fueran compañeros de partido y hasta de escisión. Kepa Aulestia pedía «menos ingenuidad» y que, en caso de duda, se apoye a Garzón y Rubalcaba. A Xabier Gurrutxaga, por contra, no le cuadraban las acusaciones contra los detenidos y la labor que éstos desarrollaban y apostaba, din duda, porque «desde la democracia se debe contribuir al fortalecimiento de esa opción». Por eso, se preguntaba «¿cuál es la apuesta del Gobierno?» y se respondía a sí mismo que «dice el refranero popular, piensa mal y acertarás».

También los editoriales de los «Diario de Noticias» pensaban mal y daban un paso más, al señalar que si se imposibilita la iniciativa política de la izquierda abertzale «se perpetúa también la posibilidad de una aritmética favorable» en las insti- tuciones de Euskal Herria.

Y entre las respuestas a la pregunta del millón destaca la que ofrecía «El País» de mano de su firma más cercana al Gobierno: «Al margen de los argumentos jurídicos de Garzón para detener a Otegi y sus compañeros -el intento de reconstrucción de un partido ilegalizado-, lo cierto es que, desde el fin del último proceso de diálogo (oficialmente roto en junio de 2007), a Interior ya no le interesan los movimientos de Otegi. Más bien le incomodan, porque entiende que el mensaje que envía sobre una nueva negociación perjudica la estrategia del Gobierno de poner a los radicales en el brete de elegir entre desmarcarse de ETA o quedar fuera de las instituciones».

Toda una confesión sobre quién controla las acciones, los tiempos y por qué. Lo que unido a la evidencia de que la Policía tiene que tener ya documentos que niegan la tesis oficial, lleva a intuir que en la operación no hay motivación jurídica, sino política e incluso -quizá- rayana con la prevariación.