El Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia en la que mantiene las condenas contra veinte de los procesados en el sumario 33/01. Al igual que en la Audiencia Nacional, Juan Mari Olano y Julen Zelarain han recibido la pena más alta con 10 años de cárcel, mientras que el resto de los procesados han sido condenados a 8 años.

Ocho de ellos permanecían en libertad condicional y por la tarde noche comenzaron sus detenciones tras emitir la orden de arresto en su contra el tribunal especial.

Según informaron a GARA, Ainhoa Irastortza fue arrestada hacia las 20.30 en su casa de Ordizia por la Ertzaintza, que impidió a los vecinos que se acercaran para despedirse de ella. Hoy denunciarán el arresto con una concentración al mediodía y una manifestación a las 21.00.

Un poco más tarde fue detenido Jagoba Terrones en Algorta, donde se congregó un centenar de personas para mostrarle su apoyo. La Policía autonómica les sacó a empujones de debajo del domicilio de Terrones. Mañana realizarán una manifestación de protesta en Berango a la 13.00.

Por su parte, Iker Zubia fue arrestado en Gasteiz por la Policía española, según indicaron las agencias de información.

Los veinte procesados han sido condenados por el delito de «integración en organización terrorista» puesto que el Supremo avala la teoría del «todo es ETA» creada por el juez Baltasar Garzón y asegura que existen pruebas para afirmar que Gestoras pro amnistía y Askatasuna son «una pieza más en el mosaico del terrorismo vasco».

En una sentencia de 120 páginas señalan que estas dos organizaciones «constituyen una organización terrorista como asociaciones ilícitas» y que existe una «subordinación jerárquica con los objetivos políticos de ETA». El Alto Tribunal argumenta que aunque Gestoras pro amnistía ni Askatasuna no realizan actos violentos, «sus miembros participan en la amplia y coordinada actividad desplegada por el terrorismo».

Según justifican, el trabajo de solidaridad con los presos políticos vascos desarrollado por el movimiento pro-amnistía consiste en «mantener la cohesión de un grupo tan sensible como el colectivo de presos», mientras denunciar la represión sirve para «infundir terror a los enemigos de ETA señalándoles públicamente».

También consideran que exigir que las FSE se marchen de Euskal Herria es «ejercer presiones ilícitas para expulsar a los representantes de instituciones democráticas cuya autoridad niegan».

«No nos van a callar ni vencer»

El movimiento pro-amnistía denunció en un comunicado tras conocerse la sentencia que el trabajo que han realizado todos los condenados y las dos organizaciones ilegalizadas ha sido «totalmente público».

En su opinión, la resolución del Supremo entra dentro de la estrategia represiva al «castigar» la labor de denuncia de la violencia del Estado y, según recalcaron, el movimiento pro-amnistía no es más que «el pueblo que se organiza ante la represión».

Asimismo, procesados en distintos macrosumarios contra la izquierda abertzale enviaron una nota de prensa en la que valoraban que con esta sentencia el Estado español se pretende «dotar de carta blanca para ejercer la represión» y llamaban a responder participando en la manifestación de esta tarde en Donostia. Por su parte, en Azkoitia también criticaron la sentencia y mostraron su solidaridad con su vecino Xabin Juaristi.