Por fin ha llegado el Día D. Tras una larga campaña electoral, medio país suspira hoy por una mayoría absoluta del Frente Amplio que emule la conseguida cinco años atrás por Tabaré Vázquez. Por el contrario, blancos y colorados ponen sus esperanzas en la segunda vuelta, donde se da por segura su alianza en torno a la candidatura del ex presidente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional.

Sin embargo, la Presidencia y el reparto de las cámaras no es lo único que está en juego hoy en el Uruguay, ya que la ciudadanía también debe responder a dos plebiscitos, uno por la habilitación del voto por correo para futuras elecciones y otro por la anulación de la Ley de Caducidad, que supuso en su día la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).

Ley de Caducidad

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, vigente en Uruguay desde 1986, conlleva la amnistía para los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura, incluyendo las múltiples violaciones a los derechos humanos y las cerca de 200 «desapariciones» de militantes de izquierda. La ley fue concebida ante las denuncias judiciales que se comenzaron a plantear contra varios responsables de la represión. Entonces, las Fuerzas Armadas se opusieron al «revisionismo» de estos crímenes y se dio un conflicto entre la Justicia civil y la militar por ver quién tenía competencia para juzgarlos.

El Gobierno de Julio María Sanguinetti intentó dilatar las citaciones judiciales a los militares implicados, pero en 1986 la máxima autoridad judicial dictaminó que los tribunales civiles eran los competentes para actuar en las investigaciones. De inmediato se retomó el estudio de los casos, comenzaron a llegar las primeras citaciones a los implicados y entonces fue cuando el presidente impulsó la aprobación de la Ley de Caducidad.

Inmediatamente se inició la lucha para tratar de tumbar la ley. Por un lado, familiares de víctimas y algunos jueces que tramitaban las causas presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta declarara su inconstitucionalidad, algo que acaban de lograr hace escasos días. Por otro lado, comenzó un proceso de recolección de firmas para someter la ley a consulta popular, si bien el plebiscito de 1989 la ratificó con el 57% de los votos. Aquella decisión popular -influenciada por la presión militar según los opositores- llevó a que los siguientes gobiernos dieran por finiquitada la problemática sobre las violaciones de los derechos humanos en el país.

Nuevo plebiscito

Con el Frente Amplio ya en el poder, a mediados de 2007 surgió una nueva campaña para plebiscitar la anulación de la ley, impulsada por el sindicato PIT-CNT, familiares de detenidos y desaparecidos, la Federación de Estudiantes, el semanario Brecha y algunas corrientes frenteamplistas. Para ello necesitaban alcanzar una cantidad de firmas correspondiente al 10% del censo electoral (unas 250.000 personas), si bien los apoyos se elevaron a más de 340.000.

No obstante, y al igual que sucede con la Presidencia, las encuestas ofrecen resultados muy ajustados para los plebiscitos. En el caso de la Ley de caducidad, el 47% de los consultados afirma que votará por anularla, un 40% dice que no lo hará y el 13% no sabe o no contesta. De esta forma, los movimientos sociales han redoblado sus esfuerzos en la recta final de la campaña, con numerosos actos y manifestaciones que han incluido también escraches contra algunos represores de aquel periodo.

Marcha contra la impunidad

En el marco de la campaña por la papeleta rosada, decenas de miles de personas marcharon este martes en Montevideo para pedir la anulación de la Ley de Caducidad. La manifestación estuvo encabezada por familiares de los desaparecidos durante la dictadura que, junto al resto de los asistentes, pidieron que éste sea el último día que tengan que reclamar justicia para todos. La manifestación se realizó bajo la consigna «por el último 20», en alusión a la marcha del silencio que se realiza todos los 20 de mayo, en demanda de memoria, verdad y justicia.

Los hijos de desaparecidos llamaron a votar a la anulación a la Ley de Caducidad calificando el plebiscito como «una oportunidad única» para evitar futuras violaciones a los derechos humanos realizadas desde el Estado. «Anular esta ley tiene que ver con la solidaridad (...) es una oportunidad para reivindicar a nuestros padres y a la sociedad», señaló Victoria Julien, que reconoció que a Hijos le hubiera gustado una presencia más contundente de este tema en la campaña, definiendo la posible anulación de la Ley como «un cambio cultural».

«Yo estoy harto de que haya sucedido esto hace tantos años y todavía no haya justicia», señaló Amaral García, agregando que la anulación de la ley y las violaciones a los derechos humanos es un tema que involucra a todos, pese a que algunos hayan sido sus víctimas más directas. Amaral García también se refirió a la anulación de la Ley de Caducidad como una posibilidad para que «quienes cometieron errores en el pasado den su testimonio ante la Justicia». «No estoy diciendo revancha, ni conmutación de pena (...) digo que tienen derecho a pedir disculpas», concluyó.