Cualquier observador imparcial que mantenga la mirada fijada sobre el escenario político vasco habrá percibido que los acontecimientos se están sucediendo a una velocidad vertiginosa desde la llegada del otoño a Euskal Herria. No obstante, la simple percepción de que se están produciendo movimientos relevantes no conlleva en sí misma un diagnóstico sobre las fuerzas que los impulsan -y las que intentan frenarlos- ni aclara en qué dirección se mueven cada uno de los agentes más directamente implicados. Por eso, durante esta semana GARA ha tratado de poner al alcance de la opinión pública vasca elementos que pueden ayudar a comprender qué es lo que realmente se está moviendo bajo la superficie creada por el constante cruce de declaraciones entre portavoces políticos y por las intoxicaciones o filtraciones interesadas que, las más de las veces, brotan siempre la misma fuente: el Ministerio español de Interior.

Es evidente que en los últimos meses la izquierda abertzale estaba inmersa, y sigue estándolo, en un proceso de debate interno en el que buena parte de la sociedad vasca y otras organizaciones políticas, sindicales y sociales han puesto muchas esperanzas, lo que viene a constatar que esta formación ha alcanzado un alto grado de credibilidad entre el conjunto de la ciudadanía a la hora de trasladar sus esfuerzos para abrir vías de diálogo que nos acerquen a un escenario democrático y de paz. «Diálogo», «negociación», «escenario democrático» o «paz» son algunas de las palabras que no faltan en los documentos de Batasuna ni en los discursos de sus dirigentes. En cambio, quienes se dedican a encarcelar a activistas políticos y quienes en muchas ocasiones miran para otro lado o apelan al manoseado mensaje de «algo tendrían que haber hecho que no han hecho» prefieren construir sus mensajes en base a conceptos como «diálogo-trampa», «sólo les espera la cárcel», «eficacia policial» o «Estado de derecho».

Por mucho que ahora se aferre a la favorable resolución en primera instancia del Tribunal de Estrasburgo sobre la Ley de Partidos, el Estado español tiene muy tocada su credibilidad ante los observadores internacionales; es más, cada día le cuesta más hacer entender a la ciudadanía española cómo es posible que los dirigentes de la izquierda abertzale sean conducidos desde una reunión política hasta la prisión mientras el propio ministro español de Interior repite que «en el País Vasco no se detiene a nadie por hacer política». Es tal el esperpento jurídico-policial creado por el «Estado de derecho» español que hasta en la Organización de Naciones Unidas no sólo se critican sus actuaciones contra el derecho a ejercer la política, sino que ya se expresa claramente el asombro que provocan las reiteradas negativas de Madrid a cumplir con los principios básicos recogidos en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Si bien en el escenario general se enfrentan las fuerzas que defienden la soberanía de Euskal Herria y las que están instaladas en la pretenciosa inmovilidad del actual marco constitucional español, no conviene olvidar que el Estado ha dirigido una vez más sus armas contra una opción política determinada con un doble objetivo: impedir que el debate interno de Batasuna se lleve a cabo -o que, como «mal menor», se desarrolle sólo bajo las premisas que imponga la propia estrategia del Estado- y, al mismo tiempo, hacer descarrilar cualquier iniciativa que, posteriormente, pudiera sumar fuerzas en el camino hacia una resolución democrática del conflicto político.

En apenas unos días

En este contexto, es necesario destacar la rapidez con la que la mayoría sindical vasca decidió responder a las detenciones que han supuesto el encarcelamiento de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, así como la multitudinaria adhesión de la ciudadanía a la manifestación de Donostia y la pluralidad de la representación política que se se dio cita allí, aunque esta última no haya despejado dudas sobre las razones que movilizaron a cada cual.

No han transcurrido ni dos semanas desde que la Policía española irrumpiera en la sede nacional de LAB; apenas han pasado ocho días desde que más de 37.000 abertzales convirtieran el Paseo de la Concha en un bumerán para devolver el golpe policial. Pero en pocas ocasiones como en ésta habrá cambiado tanto el ánimo con el que las ciudadanas y ciudadanos de este país afrontan el devenir político. Sin caer en cortoplacismos, es evidente que el Estado español no ha conseguido impedir que Euskal Herria siga avanzando hacia un escenario democrático, como tampoco ha podido «vender» la imagen de una izquierda abertzale paralizada por la estrategia represiva. Y por eso tampoco resulta conveniente que, en tan corto espacio de tiempo, los agentes abertzales estén repitiendo tácticas tan infructuosas, especialmente cuando no van acompañadas de compromisos propios, como la de los emplazamientos constantes a otros interlocutores o la de establecer «sus» mínimos para sumar fuerzas.