El comunicado emitido el martes por las familias de los arrantzales del Alakrana secuestrados en Somalia y las palabras de la hermana de Iker Galbarriatu, el capitán del atunero bermeano, buscan una claridad en sus exigencias que no les impide reflejar la angustia, difícilmente soportable tras tres semanas de secuestro y cinco días sin tener noticia alguna respecto al estado en que se hallan sus familiares o el momento en que se encuentra el proceso de negociaciones encaminadas a conseguir su liberación. Una angustia a la que el Gobierno español tiene el deber de poner fin cuanto antes pero que, junto al Gobierno vasco, también está obligado a paliar en la medida de lo posible mientras no se produzca el esperado desenlace. (...) A esa falta de diligencia y previsión se ha unido además la temeridad. La prueba está en que la detención de dos de los piratas y su traslado a Madrid no ha ayudado en nada a la negociación (...). Para colmo, todo ello ha estado acompañado de buenas dosis de imprudencia en las declaraciones de los responsables gubernamentales, desde la ministra de Defensa, Carme Chacón, al tratar de ocultar los verdaderos motivos de la falta de seguridad militar en los atuneros o al dudar de la veracidad de los ataques anteriores, pasando por la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa de la Vega, cuando consideró el riesgo de un secuestro inherente al trabajo de los arrantzales; hasta la consejera del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, quien el día en que se produjo el secuestro mostró un desconocimiento increíble al negar el ataque previo de los piratas al Alakrana y ayer mismo, a sabiendas ya de la ansiedad y la incertidumbre de las familias de los secuestrados, tuvo el atrevimiento de afirmar que «se está haciendo una utilización política del dolor» por la convocatoria de concentraciones para exigir la liberación, frase que, sin duda, no hubiera sido pronunciada -con muy buen criterio, por cierto- si los autores y las víctimas del secuestro hubieran sido otros. (...)